La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi), adscrita a la Marina de Guerra, ha dispuesto el cierre preventivo de cuarenta y seis puertos ubicados en las regiones del litoral norte y centro. Esta medida administrativa se fundamenta en los reportes técnicos emitidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación, quienes han detectado un fenómeno hidrometeorológico caracterizado por oleajes que oscilan entre una intensidad ligera y muy fuerte. El cierre abarca las principales vías marítimas comerciales y pesqueras afectadas por esta condición oceanográfica.
El contexto hidrográfico de la medida
La decisión operativa responde a la evaluación continua del estado del mar, un factor crítico para la navegación en el océano Pacífico. La intensidad variable del oleaje representa un riesgo significativo para las embarcaciones menores y medianas que operan habitualmente en estas zonas costeras. Al no especificarse una fecha de término exacta en los informes preliminares, la autoridad marítima mantiene la restricción como medida cautelar hasta que las condiciones oceanográficas retornen a parámetros de normalidad operativa.
Impacto en la logística y pesca artesanal
El cierre simultáneo de cuarenta y seis puntos de embarque implica una interrupción temporal del flujo logístico. En el litoral norte, regiones como Tumbes, Piura y Lambayeque dependen estrechamente de estos puertos para la exportación pesquera y agrícola. Asimismo, en el centro del país, las actividades portuarias en La Libertad, Ancash y Lima Metropolitana se ven sujetas a estas restricciones. Esta situación obliga a los operadores logísticos y al sector pesquero artesanal a reevaluar sus cronogramas de salida y entrada de buques.
Protocolos de seguridad marítima
Durante el periodo de cierre, la Marina de Guerra del Perú mantiene su vigilancia activa. La prioridad institucional es salvaguardar la vida humana en el mar y prevenir accidentes navales derivados de las condiciones adversas. Los capitanes de puerto correspondientes han sido instruidos para fiscalizar estrictamente que ninguna embarcación infrinja la orden de permanencia en tierra o en puertos seguros, asegurando así la integridad del patrimonio naval privado y público.
