El panorama de la inseguridad en el sector del transporte público limeño ha alcanzado niveles críticos durante lo que va del año. Según datos proporcionados por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se han registrado 64 asesinatos contra conductores de unidades urbanas debido a presuntas extorsiones. Ante esta cifra, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, ha señalado que no solo persiste el problema, sino que este se ha intensificado significativamente, evidenciando una preocupante normalización de la muerte en su sector y un asedio criminal generalizado.
Extorsión sistemática y colapso operativo
Vargas detalló durante sus declaraciones a RPP que el fenómeno no distingue entre rutas ni zonas geográficas específicas dentro de Lima. La modalidad delictiva ha evolucionado hacia un cobro directo en las unidades, donde los criminales exigen montos aproximados de 20 soles diarios a los conductores. Esta práctica se facilita por la circulación constante de dinero en efectivo y la supuesta falta de control policial en los paraderos.
El dirigente gremial afirmó categóricamente que el 100% de las empresas están siendo extorsionadas, aclarando que el ataque no va directamente a las oficinas corporativas, sino al vehículo como punto de contacto inmediato. Esta situación ha provocado una fuga masiva de mano de obra; muchos conductores han abandonado la actividad por temor a perder sus vidas. Como consecuencia directa, varias empresas operan actualmente solo entre el 30% y el 40% de su capacidad nominal, afectando gravemente la movilidad urbana, de acuerdo con Elecciones en Perú.
Crítica a las normas vigentes
El representante del gremio calificó como "letra muerta" las normas aprobadas el año pasado destinadas a crear unidades de élite con participación conjunta entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Vargas argumenta que la reglamentación se ejecutó de manera deficiente para evitar asignaciones presupuestarias reales e impedir labores efectivas de inteligencia.
Ante este escenario, donde los delincuentes cuentan con información mapeada sobre placas y datos personales de los trabajadores, el sector propone medidas inmediatas. Estas incluyen la intervención seria de penales bajo regímenes de aislamiento total para extorsionadores, control territorial mediante cuadrantes integrados con cámaras de vigilancia y restricciones al transporte en motocicletas, tal como señaló El Comercio.
