La jueza ecuatoriana Lady Pachar Huanca fue asesinada a balazos la tarde del lunes 11 de mayo en la provincia de El Oro, específicamente en el cantón Machala. La magistrada, quien laboraba en un juzgado del cantón Santa Rosa, fue interceptada por sujetos armados mientras se desplazaba en su vehículo por la avenida Colón Tinoco. Los atacantes, que se movilizaban en motocicletas, dispararon contra el asiento del conductor, provocando la muerte de la funcionaria judicial dentro de su automóvil. Este incidente ha generado una profunda preocupación en el país por la vulnerabilidad de los servidores del sistema de justicia.
Detalles del ataque y hallazgos preliminares
De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades, la jueza se dirigía a realizar actividades personales cuando fue atacada. Tras el tiroteo, agentes de la Policía y personal de emergencia acudieron al lugar tras recibir alertas de testigos, confirmando el fallecimiento de la magistrada. Durante las diligencias, la Policía encontró dos automóviles incendiados en zonas cercanas al lugar del crimen, vehículos que se investigan como posibles medios de escape utilizados por los responsables. Peritos y agentes especializados continúan recabando evidencias en distintos puntos de Machala para reconstruir la ruta seguida por los atacantes.
Fallos en el sistema de protección
El jefe policial de El Oro, Renato González, informó que la magistrada había reportado amenazas semanas antes de su asesinato. Debido a esta situación, contaba con medidas de protección por parte del sistema de víctimas y testigos y de la Dirección Nacional de Protección de Personas de la Policía Nacional. Las autoridades están investigando por qué el agente asignado a su seguridad no se encontraba con ella cuando ocurrió el ataque. Esta omisión forma parte central de las pesquisas que buscan identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Reacciones institucionales y contexto de seguridad
El Consejo de la Judicatura de Ecuador expresó su condolencias a los familiares y compañeros de trabajo de la jueza. A través de un pronunciamiento, la entidad manifestó su solidaridad y condenó enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida e integridad de quienes cumplen funciones en el sistema judicial. El asesinato ha reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios judiciales en Ecuador, un país que enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad pública. Las autoridades continúan desplegando operativos y utilizando técnicas investigativas para identificar a los implicados.
