El Perú ha alcanzado un récord que ninguna democracia aspiraría a ostentar. Con la destitución del presidente interino José Jerí por parte del Congreso, el país suma siete jefes de Estado en apenas diez años, una rotación presidencial que desafía cualquier noción convencional de gobernabilidad. Sin embargo, en medio de este torbellino institucional, los indicadores macroeconómicos peruanos exhiben una resiliencia que desconcierta a analistas y observadores internacionales.
La pregunta que surge es tan inevitable como compleja: ¿cómo puede una economía funcionar razonablemente bien cuando el poder político se fragmenta con semejante velocidad? La respuesta exige mirar más allá de los titulares y comprender las estructuras profundas que sostienen —y al mismo tiempo limitan— al modelo peruano.
Una década de puertas giratorias en Palacio de Gobierno
Desde 2016, el Perú ha transitado por una sucesión vertiginosa de mandatarios. Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 acorralado por escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht. Martín Vizcarra, su sucesor, fue vacado por el Congreso en 2020 bajo la figura de "incapacidad moral permanente". Manuel Merino duró apenas cinco días tras una represión policial que dejó muertos y heridos en las calles de Lima.
Francisco Sagasti asumió como presidente de transición hasta julio de 2021, cuando Pedro Castillo llegó al poder con una agenda radical que nunca logró articular. En diciembre de 2022, Castillo intentó un autogolpe disolviendo el Congreso, fue destituido y encarcelado. Dina Boluarte, su vicepresidenta, asumió el cargo en medio de protestas masivas que dejaron decenas de muertos, principalmente en el sur andino.
Ahora, con la destitución de José Jerí —quien ejercía como presidente interino—, el ciclo se repite con una regularidad que ya parece sistémica. Cada transición arrastra consigo crisis de legitimidad, protestas y una erosión acumulativa de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
El blindaje macroeconómico: instituciones técnicas como ancla de estabilidad
La paradoja peruana tiene una explicación que los economistas han estudiado con particular interés. A diferencia de otros países latinoamericanos donde la política fiscal y monetaria queda sujeta a los vaivenes del poder ejecutivo, el Perú construyó durante las últimas tres décadas un andamiaje institucional relativamente autónomo.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha mantenido una política monetaria consistente, con metas de inflación que se han cumplido de manera notable incluso durante los períodos de mayor turbulencia política. La inflación peruana se ha mantenido entre las más bajas de América Latina, un logro que contrasta dramáticamente con el caos en Palacio de Gobierno.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha operado bajo marcos fiscales que establecen límites al endeudamiento y al déficit, reglas que han sobrevivido a múltiples cambios de gabinete. La deuda pública peruana se mantiene en niveles manejables en comparación con el promedio regional, lo que otorga al país un colchón ante eventuales shocks externos.
La fortaleza económica del Perú no radica en sus presidentes, sino precisamente en que el modelo fue diseñado para funcionar con independencia de quién ocupe el sillón presidencial.
Los sectores de minería y agroexportación —pilares del modelo exportador peruano— continúan operando bajo marcos regulatorios que no han sufrido modificaciones estructurales pese a la rotación presidencial. El cobre, el oro y los productos agrícolas no tradicionales siguen generando divisas que sostienen las reservas internacionales.
Los costos ocultos de la estabilidad sin gobernabilidad
No obstante, sería un error leer esta resiliencia como una señal de salud integral. La economía peruana resiste, pero no avanza al ritmo que podría. La inversión pública se ha contraído significativamente en los últimos años, víctima directa de la parálisis institucional. Proyectos de infraestructura, reformas educativas, programas de salud pública: todo queda en suspenso cuando cada gobierno tiene una expectativa de vida medida en meses.
La inversión privada, aunque más resiliente, también muestra signos de cautela. Las empresas postergan decisiones de largo plazo cuando el horizonte político resulta impredecible. El crecimiento del PIB peruano, que en la década de 2000 superaba el 6% anual, se ha moderado considerablemente, situándose en cifras mucho más modestas en años recientes.
La pobreza, que había descendido de manera sostenida durante el boom de las commodities, ha repuntado. Las regiones del interior —precisamente aquellas que protagonizaron las protestas contra Boluarte— siguen experimentando niveles de exclusión que el crecimiento macroeconómico no logra revertir. La desigualdad territorial persiste como una fractura estructural que la política peruana, atrapada en sus propias crisis, no tiene capacidad de abordar.
Una democracia que funciona a medias y una economía que sobrevive por inercia
El caso peruano plantea una reflexión incómoda para la teoría política y económica latinoamericana. ¿Es suficiente tener instituciones técnicas sólidas si el contrato social se deteriora? ¿Puede una economía crecer de manera sostenible sin un Estado capaz de planificar, invertir y redistribuir?
Los mercados financieros internacionales han tratado al Perú con relativa benevolencia, manteniendo calificaciones crediticias que reflejan más la solidez fiscal que la fragilidad democrática. Pero esta tolerancia tiene límites. Si la inestabilidad política escala hacia un quiebre institucional más profundo —una asamblea constituyente caótica, un cierre prolongado del Congreso, o una intervención militar—, el blindaje macroeconómico podría resultar insuficiente.
El Perú de 2025 ofrece así una lección ambivalente: es posible construir instituciones económicas que resistan la turbulencia política, pero esa resistencia no equivale a desarrollo. Siete presidentes en diez años no han destruido la economía peruana, pero tampoco han permitido que alcance su potencial. Y esa brecha entre lo que resiste y lo que podría ser es, quizás, el costo más alto de la crisis democrática que vive el país.
