A cuatro meses y una semana de haber asumido la presidencia del Perú, José Jerí fue destituido por el Congreso tras un juicio político relámpago en el que se acumularon y votaron en conjunto siete mociones de vacancia. El episodio, lejos de representar una excepción, confirma un patrón que se ha convertido en la norma de la política peruana contemporánea: la rotación acelerada de mandatarios en un país donde la institucionalidad democrática parece haberse convertido en un mecanismo de expulsión permanente del poder ejecutivo.
La pregunta que surge con cada nueva crisis presidencial no es ya quién ocupará el sillón de Pizarro, sino cómo es posible que la economía peruana continúe funcionando — e incluso mostrando indicadores relativamente estables — en medio de un caos institucional que haría tambalear a cualquier democracia consolidada.
El patrón de inestabilidad: una presidencia tras otra
Desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, el Perú ha experimentado una sucesión de mandatarios interinos y electos que no logran completar sus períodos. Dina Boluarte enfrentó meses de protestas y cuestionamientos. Las elecciones que siguieron no trajeron estabilidad, sino nuevos ciclos de confrontación entre el Ejecutivo y un Congreso fragmentado y con bajísimos niveles de aprobación ciudadana.
La destitución de Jerí se inscribe en esta lógica. Las siete mociones de vacancia acumuladas en apenas cuatro meses sugieren que el mecanismo del juicio político ha dejado de ser una herramienta excepcional para convertirse en un instrumento ordinario de negociación — o de chantaje — entre las fuerzas parlamentarias. El Congreso peruano, con su composición atomizada en múltiples bancadas sin cohesión programática, ha demostrado una capacidad notable para destituir presidentes, pero una incapacidad equivalente para gobernar o legislar con coherencia.
Con las elecciones de abril en el horizonte, el país se prepara para sumar un nuevo presidente a una lista que ya resulta difícil de seguir. La pregunta legítima es si el próximo mandatario tendrá un destino diferente o si el sistema político peruano ha entrado en un ciclo estructural de ingobernabilidad.
La paradoja económica: estabilidad macroeconómica en medio del caos político
Lo que los analistas internacionales denominan la "paradoja peruana" es precisamente la coexistencia de una inestabilidad política crónica con indicadores macroeconómicos que, si bien no son espectaculares, tampoco reflejan el colapso que cabría esperar.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha mantenido una política monetaria relativamente ortodoxa, con un manejo de la inflación que ha permitido contener los precios dentro de rangos manejables. El tipo de cambio del sol frente al dólar ha mostrado volatilidad, pero sin las devaluaciones catastróficas que han caracterizado a otros países de la región en situaciones de crisis política similares.
La autonomía institucional del BCRP y la solidez del marco fiscal peruano funcionan como un dique de contención frente a las turbulencias políticas, pero ningún dique es eterno si la presión no cesa.
Los sectores de minería y agroexportación continúan siendo los pilares de la economía peruana, generando divisas y empleo independientemente de quién ocupe la presidencia. La inversión extranjera, sin embargo, muestra señales de cautela. Los proyectos de largo plazo — particularmente en infraestructura y minería — requieren previsibilidad regulatoria que un gobierno de cuatro meses simplemente no puede ofrecer.
El costo silencioso de la ingobernabilidad
Si bien los indicadores macro resisten, el costo de la inestabilidad se manifiesta en dimensiones menos visibles pero igualmente corrosivas. La inversión pública se paraliza con cada cambio de gobierno: nuevos ministros, nuevos directores, nuevas prioridades que nunca llegan a ejecutarse. Los programas sociales pierden continuidad. La reforma del sistema de salud, la mejora de la educación pública, la lucha contra la inseguridad ciudadana — todas agendas que requieren políticas sostenidas en el tiempo — quedan perpetuamente en el limbo.
La confianza ciudadana en las instituciones democráticas, que ya era baja, se erosiona aún más con cada destitución. Las encuestas muestran consistentemente que tanto el Congreso como la Presidencia registran niveles de aprobación de un solo dígito. Este déficit de legitimidad no es solo un problema político abstracto: se traduce en menor cumplimiento tributario, mayor informalidad económica y una disposición creciente de la población a buscar soluciones fuera del marco institucional.
¿Qué viene después de abril?
Las elecciones que se avecinan representan, en teoría, una oportunidad de relegitimación democrática. En la práctica, el panorama electoral peruano está dominado por candidatos con altos niveles de rechazo, partidos sin estructura real y propuestas que difícilmente sobrevivirán al primer enfrentamiento con un Congreso que, previsiblemente, volverá a estar fragmentado.
La experiencia reciente sugiere que el próximo presidente — sea quien sea — enfrentará las mismas dinámicas que han destruido a sus predecesores: un Congreso hostil, una ciudadanía desencantada y una clase política que ha convertido la vacancia presidencial en su principal herramienta de acción.
La economía peruana, sostenida por sus fundamentos macroeconómicos y la fortaleza de sus instituciones técnicas, seguirá probablemente a flote. Pero mantenerse a flote no es lo mismo que avanzar. El Perú necesita crecer por encima del 4% anual para reducir significativamente la pobreza y cerrar sus brechas de desigualdad. Ese nivel de crecimiento requiere inversión, y la inversión requiere confianza. La confianza, a su vez, requiere algo que el Perú no ha logrado producir en años: estabilidad institucional.
La destitución de José Jerí no es, entonces, solo una anécdota más en la turbulenta historia política peruana. Es un síntoma de una enfermedad institucional cuyo tratamiento excede con mucho la capacidad de cualquier presidente que dure cuatro meses en el cargo.
