La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido una advertencia formal al Ministerio del Interior respecto a los riesgos asociados con la gestión de bienes textiles destinados a la Policía Nacional del Perú. Esta intervención se origina tras detectar que un significativo porcentaje de la indumentaria adquirida permanece almacenada durante periodos prolongados, llegando hasta diez meses en algunos casos, dentro de las instalaciones del Núcleo Ejecutor de Compras (NEC). La alerta busca señalar posibles vulneraciones a los principios de eficiencia y conservación patrimonial que rigen la administración pública peruana.
La gestión temporal como factor de riesgo
El hallazgo realizado por el órgano contralor se centra en la permanencia excesiva del material textil sin una asignación operativa inmediata. Según los informes preliminares, parte de esta indumentaria ha residido ininterrumpidamente en un depósito específico durante casi un año. En la lógica de la administración pública, el tiempo es un variable crítica; cuanto más prolongado sea el almacenamiento de bienes perecibles o susceptibles al desgaste ambiental, mayor será la probabilidad de que estos pierdan sus características técnicas y funcionales originales.
La indumentaria policial no constituye simplemente ropa común, sino equipamiento técnico diseñado para cumplir funciones específicas de protección e identificación. Mantenerla en estado pasivo durante diez meses expone al Estado a una depreciación acelerada del gasto público realizado con fondos fiscales. La Contraloría enfatiza que la adquisición de bienes debe estar estrechamente vinculada a su despliegue operativo, evitando cuellos de botella logísticos que comprometan la integridad física del material, indicó Pulso Andino.
Implicaciones para el Ministerio del Interior
Esta advertencia coloca al Ministerio del Interior en una posición de responsabilidad directa sobre la cadena de custodia y distribución de los recursos adquiridos. La gestión inadecuada de estos bienes puede derivar en pérdidas económicas significativas, ya que uniformes deteriorados por almacenamiento prolongado podrían requerir reemplazo anticipado o incluso ser declarados inservibles antes de su uso efectivo.
El caso resalta la necesidad de optimizar los procesos logísticos internos y mejorar la coordinación entre las áreas adquisitivas y operativas. La Contraloría General insta a tomar medidas correctivas inmediatas para redistribuir el material existente, asegurando que llegue en condiciones óptimas a sus destinatarios finales dentro de la institución policial, según RPP.
