El Gobierno de Ecuador oficializó este domingo la eliminación total de los aranceles del 100 % que había impuesto a las importaciones de Colombia, una medida que entrará en vigencia desde el lunes 1 de junio. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, atribuyó esta decisión a un acuerdo alcanzado con el candidato presidencial colombiano de derecha, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el Gobierno de Bogotá negó esta interpretación, asegurando que la resolución responde exclusivamente al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).
El origen de la disputa comercial
La tensión comercial entre ambos países se intensificó en enero, cuando el presidente Noboa anunció la imposición de una "tasa de seguridad" a las importaciones del vecino país. Esta medida se justificó por la consideración de que las acciones del Gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, eran insuficientes para combatir el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común. En febrero, se aplicó una tasa del 30 %, la cual se incrementó posteriormente al 50 % y, desde mayo, alcanzó el 100 %.
Colombia respondió con gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 % y cortó la interconexión eléctrica con Ecuador. Además, cerró su frontera terrestre al ingreso de productos como el arroz y el banano. A su vez, Ecuador incrementó el precio del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol de 3 a 30 dólares por barril a través de uno de sus principales oleoductos. Estas medidas fueron duramente criticadas por empresarios y comerciantes de ambos lados de la frontera.
El rol de la Comunidad Andina y las negociaciones
La CAN intervino a inicios de mayo, otorgando diez días a ambos países para retirar los aranceles, al determinar que vulneraban el Acuerdo de Cartagena. Quito solicitó la suspensión de los efectos de las resoluciones, argumentando que adolecían de vicios procesales. Días después, el Gobierno ecuatoriano anunció una reducción de los aranceles al 75 %, tras una conversación con la candidata colombiana Paloma Valencia. No obstante, la Cancillería de Colombia calificó de "engañosa" la declaración final de Noboa, insistiendo en que la eliminación completa de los gravámenes responde a mandatos institucionales y no a gestos de buena voluntad política.
