El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves una orden general de licencia que autoriza transacciones financieras con Venezuela, previamente prohibidas por el régimen sancionador vigente. Esta medida administrativa tiene como objetivo exclusivo facilitar las "labores de socorro" tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en territorio venezolano, sismos que han dejado un saldo superior a 180 fallecidos y más de mil quinientos heridos según el conteo oficial actualizado.
Marco legal y alcance temporal
La autorización emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) establece una ventana operativa válida hasta el próximo 23 de octubre de 2026. La directriz aclara explícitamente que esta licencia no implica el desbloqueo general de bienes congelados bajo las regulaciones existentes, ni aplica a transacciones prohibidas por otras órdenes ejecutivas vigentes. El mecanismo busca permitir la fluidez bancaria necesaria para importar suministros médicos y logísticos sin violar la normativa económica estadounidense.
Contexto geológico y humanitario
La tragedia se desencadenó cuando dos sismos devastadores, los más intensos de la historia reciente del país sudamericano, ocurrieron con una diferencia de apenas 39 segundos. Los daños estructurales han sido significativos en localidades como Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, donde edificios colapsaron o resultaron severamente dañados. En respuesta a esta emergencia, el Departamento de Estado estadounidense anunció previamente la asignación de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y otros 50 millones destinados a operaciones directas sobre el terreno.
Relaciones bilaterales recientes
Esta decisión se inscribe en un contexto de flexibilización controlada del régimen sancionador, previo al cambio político ocurrido tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero pasado. Hasta la fecha, Estados Unidos ha emitido contadas licencias relacionadas con el sector energético bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez. La presente orden se distingue por su carácter estrictamente humanitario y temporal, desvinculado de las negociaciones comerciales petroleras que han caracterizado los últimos ajustes diplomáticos entre ambas naciones.
