Una nueva radiografía sobre la gestión pública del recurso hídrico en el Perú revela una ineficiencia estructural que frena el desarrollo económico. Según datos difundidos por El Comercio, el 83% de las opiniones técnicas emitidas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se han entregado fuera del plazo legal establecido.
El costo oculto de la demora regulatoria
Este incumplimiento sistemático no es un dato aislado, sino el reflejo de una crisis administrativa profunda. Las solicitudes analizadas corresponden a opiniones técnicas para la viabilidad de proyectos de inversión realizadas en la última década.
Cuando las empresas y los gobiernos regionales necesitan agua para operar o construir infraestructura crítica, la demora se traduce directamente en costos financieros elevados e incertidumbre jurídica. La norma establece plazos perentorios para estas respuestas, pero la realidad operativa ha distanciado a la entidad de ese marco legal.
Impacto diferenciado por sectores
No todos los actores económicos sufren el mismo impacto. El sector minero se encuentra en una situación particularmente crítica, enfrentando demoras que son casi el doble de las registradas en otros rubros, como contamos en Perú pierde competitividad minera ante Chile y Colombia por lentitud burocrática.
Dada la importancia estratégica del mineral para las exportaciones peruanas y su necesidad intensiva de agua para procesos industriales, esta lentitud representa un cuello de botella significativo. La minería requiere certeza operativa a largo plazo; cada día de espera administrativa erosiona la rentabilidad proyectada de los proyectos.
La agricultura también se ve afectada
Sin embargo, el problema no es exclusivo del sector primario extractivo. La agricultura, motor de empleo rural y seguridad alimentaria, depende igualmente de estas viabilizaciones para garantizar riego sostenible ante la variabilidad climática.
