La reciente ordenanza que declara en emergencia el sistema vial metropolitano de Lima por un periodo de 180 días ha sido calificada por especialistas como una medida meramente paliativa. Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, sostiene que esta declaración, aunque responde a la urgencia de la congestión vehicular, no constituye una solución estructural al problema de movilidad que aqueja a la capital peruana.
El diagnóstico de la insuficiencia estructural
La postura de los expertos se fundamenta en la naturaleza temporal de la ordenanza. Al limitar la vigencia de la emergencia a seis meses, la medida se convierte en un parche administrativo que permite la implementación de acciones inmediatas, pero que carece de la profundidad necesaria para transformar la infraestructura vial y la planificación urbana de la ciudad. La congestión en Lima no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de décadas de crecimiento desordenado, falta de inversión en transporte masivo y una gestión deficiente de la demanda vehicular.
En este contexto, la declaración de emergencia funciona como un mecanismo de gestión de crisis que habilita recursos y agiliza trámites, pero que, por sí solo, no modifica las variables fundamentales que generan el colapso del sistema de transporte. La falta de una visión a largo plazo implica que, una vez vencido el plazo de los 180 días, la ciudad podría retornar a los niveles de saturación previos si no se han ejecutado obras o políticas de movilidad sostenibles.
Implicaciones para la planificación urbana
La crítica al carácter paliativo de la medida subraya la necesidad de integrar la gestión de la emergencia con un plan maestro de movilidad. Los analistas advierten que sin una articulación entre las medidas de emergencia y la reforma estructural del sistema vial, los esfuerzos podrían diluirse en soluciones cosméticas. La complejidad del problema limeño requiere intervenciones que trasciendan el horizonte político inmediato y que aborden la intermodalidad, la jerarquización de las vías y la priorización del transporte público sobre el vehículo privado.
Por tanto, la ordenanza debe interpretarse no como la solución final, sino como un primer paso dentro de un proceso más amplio de reingeniería urbana. La comunidad académica y las organizaciones de la sociedad civil exigen que esta emergencia se traduzca en un compromiso político firme para ejecutar inversiones que modifiquen la matriz de transporte de la capital, evitando que la medida quede reducida a un gesto simbólico sin impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos.
