La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura ha solicitado formalmente dieciocho meses de prisión preventiva para la regidora del distrito de Veintiséis de Octubre, Patricia Niño, en el marco de las investigaciones por el asesinato a balazos del exalcalde Víctor Hugo Febre Calle. Este requerimiento legal se extiende también a tres imputados más: César Sánchez C., Willian Tezen G. y Fabricio Fiestas S., quienes son procesados como presuntos coautores de los delitos de sicariato agravado, lesiones graves en perjuicio del conductor Jorge Luis Chau Aranda y asociación ilícita para delinquir (banda criminal). La audiencia judicial correspondiente ha sido programada para el miércoles 17 de junio a las 9:00 horas.
La dinámica del atentado
Según la tesis fiscal presentada ante los tribunales, los cuatro investigados habrían actuado bajo una coordinación previa destinada a planificar y ejecutar el ataque que tuvo lugar el pasado 21 de mayo de 2026 en el distrito de Veintiséis de Octubre. Las evidencias recabadas indican que la víctima se desplazaba por el asentamiento humano San Sebastián, dentro de su propia camioneta, acompañada exclusivamente por su conductor.
El ataque fue perpetrado por individuos desconocidos que abrieron fuego contra el vehículo en movimiento. Como resultado directo del atentado, Víctor Hugo Febre Calle falleció a causa de la gravedad de las heridas recibidas. Por otro lado, Jorge Luis Chau Aranda resultó herido con igual nivel de severidad y se encuentra actualmente en proceso de recuperación médica, según Clave Nacional.
Detenciones y el rol de la banda criminal
Durante las últimas semanas, tanto Patricia Niño como los demás investigados fueron detenidos. Estas capturas forman parte de las diligencias realizadas de manera conjunta por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fiscales especializados en casos de crimen organizado.
Las pesquisas del Ministerio Público señalan que el crimen habría sido perpetrado por una organización criminal, por lo que no se descarta la participación de otras personas en los hechos.
A pesar de las detenciones ya ejecutadas, la investigación continúa activa. La estructura acusadora mantiene abierta la posibilidad de identificar a otros participantes involucrados en la planificación o ejecución del hecho. Será el Poder Judicial quien determine la situación legal definitiva de los implicados tras la resolución de la audiencia de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
