La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha manifestado su firme oposición ante la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, liderada por el ministro Dyer, para devolver las competencias en los sectores de salud y educación al Gobierno Central. Esta posición oficial busca contrarrestar lo que consideran un retroceso institucional peligroso, reafirmando el compromiso con el proceso de descentralización iniciado hace décadas.
La postura de la ANGR frente a la propuesta ministerial
En declaraciones emitidas tras las reuniones del órgano representativo de los gobiernos subnacionales, se señaló explícitamente que "la descentralización no es el problema y volver al centralismo no puede ser una solución". Este argumento cuestiona directamente la viabilidad técnica y política de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo para re-centralizar servicios públicos estratégicos, indicó CGTP marcha por Lima contra facultades laborales del gobierno de Keiko Fujimori.
La resistencia organizada por los gobiernos regionales responde a la percepción de que recuperar estas funciones en Lima podría debilitar la capacidad de respuesta local ante las necesidades específicas de cada región. La ANGR ha posicionado este rechazo no solo como una defensa administrativa, sino como una protección del modelo de gestión pública actual, más contexto en Elmer Cuba sugiere reducir ministerios.
Implicancias para el marco regulatorio regional
El choque entre los gobiernos regionales y la propuesta del ministro Dyer pone en evidencia las tensiones estructurales dentro del Estado peruano. La descentralización ha implicado transferencias significativas de recursos y responsabilidades a las regiones, creando una estructura administrativa que ahora es defendida activamente por sus gestores, información confirmada por Perspectiva.
Al rechazar el retorno al modelo centralista, los gobiernos regionales advierten sobre la pérdida de eficiencia en la gestión pública si se desconectan las decisiones locales del territorio. La postura de la ANGR sugiere que cualquier intento de revertir estas transferencias enfrenta una barrera política y operativa considerable por parte de los actores subnacionales.
