Ministro de Energía y Minas detalla avances de la ley contra minería ilegal
Guillermo Shinno explica las medidas del Gobierno para regular plantas procesadoras de oro y combatir el comercio informal en una entrevista exclusiva.
En su primera entrevista a medios, el ministro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Guillermo Shinno, detalló los próximos pasos para la implementación de la Ley MAPE. La conversación se centró en las estrategias gubernamentales para combatir la minería ilegal, con un enfoque específico en la regulación de las plantas procesadoras de oro.
Regulación del procesamiento como eje central
Shinno explicó que los ajustes necesarios para los procesos productivos son fundamentales dentro del marco normativo propuesto. La medida busca establecer controles más estrictos sobre cómo se trata el mineral extraído, una vía clave para identificar y sanciar la actividad ilegal.
La propuesta no solo apunta a la fiscalización directa de las minas, sino que también mira hacia los puntos donde el material es transformado o comercializado. Al regular estas plantas procesadoras, el Gobierno pretende cerrar un circuito por el cual suele escapar parte del oro extraído sin cumplir con las normativas vigentes.
Primeros pasos legislativos y técnicos
Durante la entrevista, se abordaron los detalles técnicos que aún deben ser refinados antes de la presentación definitiva o aplicación de estas medidas. El ministro reconoció la complejidad del sector minero peruano y la necesidad de equilibrar la formalización con el control efectivo, más contexto en Gobierno anuncia reforma al Canon Minero para beneficiar zonas cercanas.
La Ley MAPE representa una herramienta legislativa diseñada para dar respuesta a los desafíos estructurales que enfrenta el sector. La intervención en las plantas procesadoras se presenta como un mecanismo administrativo necesario para garantizar que el oro comercializado tenga un origen legal y esté debidamente documentado ante las autoridades competentes.
Impacto esperado en la cadena de suministro
Aunque los detalles específicos del texto legislativo están siendo trabajados, la intención declarada es reducir la capacidad de la minería ilegal para lavar o comercializar sus productos. La transparencia en el procesamiento es considerada una pieza clave para desarticular redes informales que operan al margen de la ley.
