El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. La decisión, que se suma a una larga cadena de relevos en la jefatura del Estado, confirma un patrón que se ha convertido en marca registrada de la política peruana: la rotación presidencial como norma y no como excepción.
Con la elección de un nuevo titular del Legislativo prevista para el 18 de febrero, el país se prepara para recibir a su octavo presidente en apenas una década. La pregunta que recorre los directorios empresariales, las mesas de análisis económico y los pasillos del sector privado es tan urgente como recurrente: ¿qué se puede esperar —si acaso algo— de un nuevo inquilino en Palacio de Gobierno?
Una década de presidentes descartables: el contexto de la inestabilidad crónica
Desde 2016, el Perú ha transitado por los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y, brevemente, José Jerí en funciones. Cada cambio ha respondido a crisis distintas —vacancias, renuncias, golpes de Estado frustrados, censuras parlamentarias—, pero el resultado acumulativo es uno solo: la erosión sistemática de la institucionalidad democrática.
Este fenómeno no es meramente político. La inestabilidad en la cúspide del poder ejecutivo tiene consecuencias directas sobre la capacidad del Estado para diseñar, implementar y sostener políticas públicas de mediano y largo plazo. Cada nuevo presidente llega con un gabinete diferente, prioridades distintas y una ventana de gobernabilidad que se mide en meses, no en años.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha logrado mantener cierta estabilidad macroeconómica gracias a su autonomía institucional, pero incluso esa fortaleza tiene límites cuando el entorno político genera incertidumbre permanente.
El cálculo empresarial: entre la adaptación pragmática y la frustración estructural
Para el sector empresarial peruano, cada transición presidencial representa un ejercicio de recalibración. Los gremios empresariales —desde la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) hasta la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL)— han desarrollado una suerte de protocolo implícito ante cada cambio de mando: emitir comunicados pidiendo estabilidad, solicitar reuniones con el nuevo equipo ministerial y reiterar una agenda que permanece notablemente constante.
¿Qué piden los empresarios? La lista es conocida: previsibilidad regulatoria, destrabe de inversiones, simplificación de trámites, respeto a los contratos y continuidad en las políticas económicas que han sostenido el crecimiento del país durante las últimas dos décadas. Sin embargo, la repetición misma de estas demandas evidencia que ningún gobierno ha tenido el tiempo o la voluntad política suficiente para abordarlas de manera integral.
La paradoja peruana es que el sector privado ha aprendido a operar en la inestabilidad, pero eso no significa que prospere en ella. La inversión privada, que representaba cerca del 20% del PBI en años de mayor confianza, se ha contraído en términos relativos ante la falta de horizonte político claro.
Los proyectos mineros —columna vertebral de la economía exportadora peruana— son particularmente sensibles a este clima. Inversiones que requieren décadas de planificación y ejecución difícilmente encuentran terreno fértil cuando el interlocutor estatal cambia cada pocos meses. Proyectos como Tía María, que lleva más de una década en controversia, ilustran cómo la inestabilidad política amplifica los conflictos sociales y paraliza decisiones estratégicas.
El nuevo presidente: ¿continuidad por defecto o ventana de oportunidad?
Quien sea elegido como nuevo presidente del Congreso —y por extensión, como jefe de Estado— asumirá un cargo definido más por sus limitaciones que por sus posibilidades. Sin mandato popular directo, sin bancada propia consolidada y sin un horizonte electoral claro, el próximo presidente tendrá incentivos para mantener el statu quo antes que para impulsar reformas ambiciosas.
Desde la perspectiva empresarial, esta continuidad por inercia no es necesariamente negativa en el corto plazo. Un gobierno que no genera sobresaltos puede ser preferible a uno que intenta cambios radicales sin consenso. Pero en el mediano plazo, la ausencia de liderazgo transformador profundiza los problemas estructurales que frenan el desarrollo económico del país: informalidad laboral que supera el 70%, infraestructura deficiente, brechas educativas y un sistema de justicia percibido como ineficiente y corrupto.
Los analistas coinciden en que el verdadero riesgo no es quién ocupe la presidencia, sino la normalización de un sistema donde el poder ejecutivo carece de autoridad real para gobernar. Cuando la presidencia se convierte en un cargo rotativo determinado por las correlaciones de fuerza en el Congreso, las decisiones de política económica quedan subordinadas a cálculos legislativos de corto plazo.
¿Hasta cuándo la resiliencia macroeconómica compensará la fragilidad política?
El Perú ha sido frecuentemente elogiado por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial por su disciplina fiscal y su manejo monetario. Estas fortalezas, construidas durante décadas, han funcionado como amortiguadores frente a los choques políticos recurrentes. Pero la pregunta incómoda que se plantea en cada nueva crisis es si esos amortiguadores son infinitos.
La inversión extranjera directa observa con creciente cautela un país donde las reglas del juego pueden cambiar con cada nuevo ocupante de Palacio. Las calificadoras de riesgo, aunque no han degradado significativamente la nota soberana, han señalado la gobernabilidad como un factor de vulnerabilidad creciente.
Para los empresarios peruanos, la esperanza inmediata es modesta: que el octavo presidente en diez años no empeore las cosas. La esperanza de fondo, sin embargo, es mucho más ambiciosa y mucho más esquiva: que el país encuentre finalmente un camino hacia la estabilidad institucional que permita convertir su potencial económico en desarrollo sostenido. Mientras tanto, el pragmatismo seguirá siendo la principal herramienta de supervivencia del sector privado peruano.
