El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. Con esta decisión, el país sudamericano se prepara para recibir a su octavo mandatario en apenas diez años, una cifra que cristaliza la profunda crisis de gobernabilidad que atraviesa la nación andina desde mediados de la década pasada.
La elección del nuevo presidente del Congreso —y por tanto del Estado— está prevista para el 18 de febrero. En un contexto donde la alternancia presidencial se ha convertido en rutina antes que en excepción, la pregunta central ya no es solo quién ocupará Palacio de Gobierno, sino qué tipo de señales necesita el sector privado para mantener la confianza en una economía que, pese al caos político, ha mostrado resiliencia macroeconómica.
Una década de rotación presidencial sin precedentes
Desde 2016, el Perú ha transitado por los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí, este último en calidad de presidente del Congreso que asumió temporalmente la jefatura del Estado. Cada transición ha estado marcada por vacancias, renuncias, censuras o destituciones que reflejan la fragilidad institucional del sistema político peruano.
Este patrón de inestabilidad no es meramente anecdótico. Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han señalado reiteradamente que la incertidumbre política constituye uno de los principales frenos para la inversión privada en el Perú. La falta de continuidad en las políticas públicas, la ausencia de reformas estructurales y el permanente conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo configuran un escenario que desalienta los proyectos de largo plazo.
Las expectativas del empresariado: estabilidad antes que ideología
Para el sector empresarial peruano, el nombre del próximo presidente importa menos que la promesa de un mínimo de estabilidad institucional. Según diversos pronunciamientos de gremios como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), las prioridades del sector privado se concentran en tres ejes fundamentales.
En primer lugar, la predictibilidad normativa. Los empresarios requieren reglas de juego claras que no cambien con cada rotación en el poder. La proliferación de decretos, leyes y regulaciones contradictorias ha generado un entorno de incertidumbre jurídica que encarece los costos de operación y desincentiva la formalización.
En segundo lugar, la reactivación de la inversión pública. El Perú cuenta con un importante canon minero y recursos fiscales que, sin embargo, no se traducen en ejecución presupuestal eficiente. La paralización de obras de infraestructura —carreteras, hospitales, sistemas de agua potable— tiene un impacto directo sobre la productividad y la competitividad del aparato económico.
En tercer lugar, la seguridad ciudadana. El incremento de la criminalidad organizada, la extorsión y el sicariato en diversas regiones del país afecta directamente la actividad comercial, especialmente en sectores como el transporte, la construcción y el comercio minorista. Los empresarios han demandado con insistencia políticas integrales de seguridad que trasciendan los discursos coyunturales.
La paradoja peruana: economía resiliente, política frágil
Uno de los fenómenos más estudiados por analistas regionales es la aparente desconexión entre la volatilidad política peruana y el desempeño de sus indicadores macroeconómicos. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha mantenido una política monetaria prudente, la inflación se ha contenido dentro de rangos manejables y el tipo de cambio ha mostrado relativa estabilidad en comparación con otros países de la región.
Sin embargo, esta resiliencia tiene límites. El crecimiento del PBI peruano se ha desacelerado notablemente en los últimos años, pasando de tasas superiores al 6% durante el boom de los commodities a cifras que apenas superan el 2% en los periodos más recientes. La inversión privada como porcentaje del PBI también ha retrocedido, y los megaproyectos mineros —históricamente el motor de la economía— enfrentan trabas burocráticas y conflictos sociales que dilatan su puesta en marcha.
La estabilidad macroeconómica del Perú no puede sostenerse indefinidamente sobre los hombros del Banco Central si el entorno político continúa generando incertidumbre estructural para los agentes económicos.
¿Qué puede cambiar con el octavo presidente?
Las expectativas son moderadas. En un Congreso fragmentado, donde ninguna bancada controla una mayoría clara, el próximo presidente del Parlamento —y eventual jefe de Estado— tendrá un margen de maniobra limitado. Las reformas profundas que el país necesita en materia de educación, salud, infraestructura y seguridad requieren consensos políticos que, hasta ahora, han sido esquivos.
El sector empresarial, pragmático por naturaleza, no espera transformaciones radicales. Lo que demanda es, al menos, un periodo de calma institucional que permita planificar inversiones, ejecutar contratos y operar sin la amenaza constante de un nuevo cambio en la cúpula del poder. En un país donde la presidencia se ha convertido en un cargo rotativo, esa modesta expectativa parece, paradójicamente, la más difícil de cumplir.
La elección del 18 de febrero será, entonces, menos un punto de inflexión y más un capítulo adicional en la saga de la inestabilidad peruana. Para los empresarios, la pregunta de fondo no es quién gobierna, sino cuánto tiempo durará esta vez.
