La región de Piura enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes tras el asesinato de cuatro miembros de una familia en Sullana, un hecho captado por cámaras de vigilancia que ha desatado alertas locales. Walter Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Distritales, describió este escenario como "un momento de terror y zozobra", señalando que la violencia vinculada al sicariato y las extorsiones ha sobrepasado los niveles tolerables. La falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades nacionales ha exacerbado el descontrol en zonas críticas.
La vulnerabilidad del gobierno local
El incidente, ocurrido en la cuadra siete del pasaje Unión donde sujetos armados a bordo de motocicletas realizaron más de diez disparos contra una vivienda, evidencia la exposición directa de las autoridades electas. Guerrero reveló que varios alcaldes distritales han sido víctimas directas de amenazas y extorsiones. La respuesta institucional ha sido insuficiente; según el representante municipal, se les informa que no pueden brindar protección sin "una amenaza fuerte", un criterio que los líderes locales consideran inadecuado dada la frecuencia de los ataques.
Impacto en la gestión pública
Más allá del clima de inseguridad inmediata, la violencia afecta directamente el funcionamiento administrativo y político. Guerrero advirtió que hacer inversiones públicas se ha vuelto riesgoso debido a las presiones criminales. En un contexto preelectoral, esta dinámica genera incertidumbre sobre la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar obras y servicios básicos. La demanda central es una estrategia articulada con el Gobierno Central que respete la legitimidad de las autoridades elegidas por voto popular.
El memorial conjunto
Frente a este panorama, se ha anunciado la preparación de un memorial conjunto dirigido al Ejecutivo y a la Policía Nacional para exigir medidas urgentes. El caso incluye heridos graves, entre ellos un adolescente de 12 años trasladado al Hospital de Sullana, lo que intensifica el reclamo por una política de seguridad efectiva que no solo reaccione ante los hechos consumados, sino que prevenga la escalada del crimen organizado en la región norteña.
