La carrera presidencial peruana de 2026 se perfila como una de las más fragmentadas y competitivas de la historia reciente del país. Con 35 candidatos inscritos, la contienda electoral ha encontrado un denominador común que atraviesa prácticamente todas las plataformas: la lucha contra el crimen organizado. En un contexto donde la inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos, las propuestas punitivas y las promesas de mano dura se multiplican, pero los especialistas advierten que el fenómeno requiere respuestas mucho más complejas que las que ofrece la retórica electoral.
Un país transformado por la violencia criminal
El Perú que se prepara para las elecciones generales de 2026 es sustancialmente distinto al de hace una década. La penetración del crimen organizado —vinculado al narcotráfico, la extorsión, el sicariato y la minería ilegal— ha escalado de manera dramática, particularmente en regiones como La Libertad, Lima, Callao y las zonas de frontera norte.
Las cifras son elocuentes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y diversas encuestas de percepción ciudadana, la inseguridad se ha mantenido consistentemente como la principal preocupación de la población, superando incluso a la crisis económica y la corrupción. Los homicidios asociados al crimen organizado, las extorsiones a pequeños y medianos empresarios, y la expansión de redes criminales transnacionales han reconfigurado el mapa de la violencia en el país.
Este escenario ha sido alimentado, además, por la inestabilidad política crónica que caracteriza al Perú desde 2016. Con seis presidentes en los últimos ocho años y un Congreso profundamente desprestigiado, las instituciones estatales encargadas de combatir el crimen —la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial— operan debilitadas, con presupuestos insuficientes y sometidas a presiones políticas constantes.
Las propuestas electorales: entre el populismo punitivo y las soluciones estructurales
Frente a esta realidad, los 35 candidatos presidenciales han convertido la seguridad ciudadana en su principal caballo de batalla. Las propuestas van desde la declaración de estados de emergencia permanentes y el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas, hasta la instauración de penas de muerte para delitos graves, pasando por la construcción de nuevas cárceles y el endurecimiento de las penas para extorsionadores y sicarios.
Sin embargo, analistas y especialistas en seguridad advierten que muchas de estas propuestas caen en lo que se denomina "populismo punitivo": respuestas que apelan al sentimiento de indignación ciudadana pero que carecen de sustento técnico o viabilidad institucional. Las propuestas punitivas, como las que proliferan en esta campaña, tienden a generar réditos electorales inmediatos, pero la evidencia regional —particularmente los casos de El Salvador, Ecuador y México— muestra que las estrategias exclusivamente represivas producen resultados ambiguos cuando no van acompañadas de reformas institucionales profundas.
El modelo salvadoreño del presidente Nayib Bukele, que ha implementado un régimen de excepción permanente con detenciones masivas, es frecuentemente invocado por varios candidatos peruanos como ejemplo a seguir. No obstante, organizaciones de derechos humanos y académicos especializados señalan que ese modelo ha implicado graves violaciones a las garantías fundamentales y que su sostenibilidad a largo plazo es cuestionable.
La fragmentación electoral como obstáculo adicional
La presencia de 35 candidaturas no es un fenómeno accidental. Refleja la profunda fragmentación del sistema de partidos peruano, donde las organizaciones políticas funcionan más como vehículos electorales personalistas que como estructuras programáticas. En este contexto, la lucha contra el crimen organizado se convierte en un terreno fértil para la diferenciación superficial: todos prometen combatirlo, pero pocos presentan planes detallados con diagnósticos rigurosos, metas medibles y propuestas de financiamiento.
Las encuestas disponibles muestran que ningún candidato supera de manera holgada la barrera del 10% de intención de voto, lo que sugiere que la definición de la primera vuelta podría depender de factores como la capacidad de comunicación mediática, los escándalos de última hora o, precisamente, la credibilidad de las propuestas de seguridad.
En una elección tan fragmentada, el candidato que logre articular una propuesta de seguridad que combine firmeza con institucionalidad podría capturar un electorado transversal que hoy se encuentra disperso entre múltiples opciones.
Las raíces profundas del problema: más allá de la campaña
Lo que el debate electoral tiende a soslayar son las causas estructurales que han permitido la expansión del crimen organizado en el Perú. La debilidad institucional del Estado en vastas regiones del territorio nacional, donde la presencia estatal se reduce a una comisaría precaria o un juzgado de paz, ha creado vacíos de autoridad que las organizaciones criminales han llenado con eficiencia.
El narcotráfico, motor principal de las economías criminales, se sostiene sobre la base de la pobreza rural en las zonas cocaleras del VRAEM, Puno y la selva norte. La minería ilegal, por su parte, devasta regiones como Madre de Dios y La Libertad con la complicidad de redes de corrupción que involucran a funcionarios locales y regionales. Las extorsiones, fenómeno que ha crecido exponencialmente en ciudades como Trujillo, Lima Norte y el Callao, afectan a decenas de miles de comerciantes y transportistas que viven bajo amenaza permanente.
Abordar estas realidades requiere no solo más policías y penas más severas, sino reformas en el sistema de inteligencia, fortalecimiento de la capacidad investigativa del Ministerio Público, modernización del sistema penitenciario, cooperación internacional reforzada y, sobre todo, políticas de desarrollo económico que ofrezcan alternativas reales a las poblaciones cooptadas por las economías ilícitas.
Lo que está en juego
La elección presidencial de 2026 será, en muchos sentidos, un referéndum sobre la capacidad del Estado peruano para recuperar el control de su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Que el crimen organizado domine la agenda electoral no es, en sí mismo, negativo: refleja una preocupación legítima y urgente. El riesgo radica en que la competencia por el voto reduzca un problema multidimensional a consignas simplistas que, una vez en el gobierno, resulten insuficientes frente a la magnitud del desafío.
Para los electores peruanos, la tarea será distinguir entre quienes ofrecen soluciones reales y quienes simplemente buscan capitalizar el miedo. En una democracia tan frágil como la peruana, esa distinción podría ser decisiva.
