El Perú enfrenta una crisis energética que no surgió de la noche a la mañana. Se trata de una acumulación de décadas de decisiones postergadas, planificación insuficiente y una concepción errada de que la política y la economía pueden funcionar como compartimentos estancos. Lo que hoy se manifiesta en racionamientos, tarifas al alza y vulnerabilidad ante shocks externos es, en realidad, el síntoma de una enfermedad estructural más profunda: un Estado incapaz de articular visión de largo plazo con gestión técnica competente.
El espejismo de la abundancia y la planificación ausente
Durante años, el discurso oficial presentó al Perú como un país con recursos energéticos suficientes. La abundancia relativa de gas natural —sobre todo a partir de la explotación de Camisea desde 2004— generó una sensación de seguridad que, paradójicamente, desincentivó la diversificación de la matriz energética y la inversión en infraestructura de transmisión y distribución.
Sin embargo, esa aparente holgura ocultaba fragilidades severas. La concentración de la generación eléctrica en pocas fuentes, la limitada capacidad de almacenamiento hídrico en un contexto de cambio climático y la insuficiente expansión de redes de transmisión configuraron un escenario de riesgo que los sucesivos gobiernos prefirieron ignorar. La planificación energética, que en países vecinos como Colombia, Chile o Brasil constituye una política de Estado con horizontes de 20 o 30 años, en el Perú quedó reducida a documentos técnicos sin respaldo político ni presupuestal.
El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) ha advertido en múltiples informes sobre los riesgos de desabastecimiento, particularmente en temporadas de estiaje. Estas alertas, formuladas con rigor técnico, encontraron escasa recepción en las esferas de decisión política.
La fractura entre lo técnico y lo político: una tradición peruana
Uno de los problemas centrales que la crisis energética pone de manifiesto es la persistente separación entre gestión técnica y voluntad política en el aparato estatal peruano. Los ministerios de Energía y Minas han rotado titulares con una frecuencia alarmante —en los últimos cinco años, el Perú ha tenido más de diez ministros en esa cartera—, lo que imposibilita cualquier continuidad en políticas públicas.
Esta rotación no es casual: responde a una lógica de cuotas políticas, negociaciones parlamentarias y crisis de gobernabilidad que subordinan la gestión sectorial a las urgencias del corto plazo. Cuando un ministro apenas alcanza a conocer el organigrama de su sector antes de ser reemplazado, hablar de planificación estratégica resulta casi un eufemismo.
La crisis energética no es solo un problema de megavatios o de inversión: es la manifestación concreta de un Estado que ha renunciado a pensar el largo plazo y que paga las consecuencias de la improvisación institucionalizada.
A esto se suma la captura regulatoria y la debilidad de organismos como Osinergmin, cuya capacidad de fiscalización y regulación se ha visto erosionada por presiones políticas y recortes presupuestales. El resultado es un ecosistema institucional donde las señales de mercado se distorsionan, la inversión privada se retrae ante la incertidumbre regulatoria y el Estado carece de instrumentos efectivos para corregir fallas.
Dependencia energética y vulnerabilidad geopolítica
La crisis también expone una dimensión frecuentemente soslayada: la vulnerabilidad geopolítica que implica una matriz energética poco diversificada. La excesiva dependencia del gas de Camisea —que representa cerca del 50% de la generación eléctrica nacional— convierte cualquier interrupción en el suministro, ya sea por conflictos sociales en las zonas de extracción, por problemas en el gasoducto o por decisiones contractuales, en una amenaza directa a la estabilidad del sistema.
Las energías renovables no convencionales —solar, eólica, geotérmica— representan aún una fracción marginal de la matriz peruana, pese a que el país cuenta con condiciones naturales excepcionales, particularmente en irradiación solar en el sur y potencial eólico en la costa. Las subastas de energías renovables han sido esporádicas e insuficientes, y los marcos regulatorios no han generado los incentivos necesarios para atraer inversión a escala.
Mientras tanto, países de la región avanzan aceleradamente en la transición energética. Chile, por ejemplo, ha logrado que las renovables no convencionales superen el 30% de su generación, impulsadas por marcos regulatorios estables y una política de Estado coherente. El contraste con el Perú es elocuente y preocupante.
El costo social y económico de la inacción
Las consecuencias de esta crisis no son abstractas. Los racionamientos eléctricos afectan directamente a la productividad industrial, al comercio, a la pequeña empresa y a los hogares más vulnerables. El incremento de tarifas eléctricas —que en 2024 registró alzas significativas— erosiona el poder adquisitivo de familias que ya enfrentan presiones inflacionarias en alimentos y transporte.
Para el sector productivo, la incertidumbre energética se traduce en mayores costos operativos, menor competitividad y desincentivo a la inversión. Empresas mineras, agroindustriales y manufactureras han expresado su preocupación por la confiabilidad del suministro, un factor determinante en las decisiones de inversión de largo plazo.
La crisis energética peruana es, en última instancia, una crisis de gobernanza. Revela que la separación artificial entre política y economía —entre quienes toman decisiones y quienes entienden los sistemas que esas decisiones afectan— tiene costos reales, medibles y crecientes. Superarla exigirá algo más que parches tarifarios o declaratorias de emergencia: demandará reconstruir la capacidad del Estado para planificar, regular y ejecutar con visión de futuro. Una tarea que, en el Perú actual, parece tan urgente como improbable.
