Perú constituye una de las paradojas más llamativas de América Latina contemporánea. Desde 2016, el país ha tenido ocho presidentes de la República —Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y las transiciones intermedias—, cifra que en cualquier otro contexto regional habría sido sinónimo de colapso económico. Sin embargo, la economía peruana no solo ha evitado el desplome, sino que ha mantenido niveles de crecimiento, estabilidad monetaria y disciplina fiscal que contrastan radicalmente con su caos institucional.
El desencuentro entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso con mayoría de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, marcó el inicio de un ciclo de confrontación entre poderes del Estado que no ha cesado. Vacancias, cierres del Congreso, autogolpes fallidos y sucesiones constitucionales cuestionadas se convirtieron en el paisaje político habitual. ¿Cómo se explica entonces que la macroeconomía haya permanecido relativamente blindada?
El piloto automático institucional: el rol del Banco Central y el Ministerio de Economía
La respuesta más consensuada entre economistas e instituciones multilaterales apunta a la solidez de la tecnocracia económica peruana. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), considerado uno de los más independientes de la región, ha mantenido una política monetaria ortodoxa que no ha sido capturada por los vaivenes políticos. Su capacidad para controlar la inflación —que en 2024 cerró por debajo del 3%— ha sido un ancla fundamental.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por su parte, ha funcionado como un bastión de continuidad técnica. Independientemente de quién ocupe la presidencia, las líneas generales de política fiscal —techo de gasto, reglas fiscales, manejo de deuda pública— han permanecido sustancialmente inalteradas. Perú mantiene una deuda pública cercana al 33% del PBI, una de las más bajas de América Latina, frente al promedio regional que supera el 50%.
Esta arquitectura institucional, construida progresivamente desde las reformas de los años noventa, opera como una suerte de piloto automático que ha demostrado ser resistente incluso a los intentos más disruptivos, como el gobierno de Pedro Castillo, cuyas propuestas de asamblea constituyente y nacionalización de recursos naturales nunca lograron materializarse.
La economía informal como amortiguador y como limitante
Otro factor explicativo, menos celebrado pero igualmente determinante, es la estructura misma de la economía peruana. Aproximadamente el 70% del empleo en Perú es informal, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta informalidad masiva significa que una porción enorme de la actividad económica opera al margen de las decisiones gubernamentales, con escasa dependencia de políticas públicas, contratos estatales o regulaciones formales.
La minería, que representa cerca del 60% de las exportaciones y aproximadamente el 10% del PBI, funciona en gran medida con marcos regulatorios establecidos de largo plazo y contratos de estabilidad tributaria que trascienden los cambios de gobierno. Empresas como Southern Copper, Antamina o Las Bambas operan con horizontes de inversión de décadas, no de ciclos presidenciales.
«La economía peruana no crece gracias a sus gobiernos, sino a pesar de ellos», es una frase frecuente entre analistas limeños que, más que un aforismo, describe un modelo donde el Estado tiene una participación relativamente baja en la generación de riqueza.
Sin embargo, esta misma característica constituye una limitante severa. La informalidad implica baja productividad, ausencia de protección social y una capacidad tributaria reducida que impide al Estado invertir en salud, educación e infraestructura al nivel que el país necesita.
Los costos ocultos: inversión privada estancada y desigualdad persistente
Si bien los indicadores macro resisten, los costos de la inestabilidad política no son invisibles. La inversión privada, que antes de 2016 crecía a tasas promedio del 7-8% anual, se ha estancado significativamente. Según el BCRP, el crecimiento de la inversión privada entre 2017 y 2024 promedió apenas un 1.5% anual, insuficiente para cerrar las brechas de infraestructura y generar empleo formal de calidad.
El Perú crece, pero crece menos de lo que podría. Organismos como el Fondo Monetario Internacional han señalado reiteradamente que el país tiene un potencial de crecimiento del 4-5% anual, pero la incertidumbre política lo mantiene en el rango del 2-3%. Esa diferencia, aparentemente pequeña, acumulada durante una década representa millones de empleos no creados, hospitales no construidos y oportunidades perdidas.
La pobreza, que había descendido del 58% en 2004 al 20% en 2019, repuntó tras la pandemia y la crisis política combinadas, ubicándose por encima del 27% según las últimas estimaciones del INEI. La clase media emergente, quizás el mayor logro socioeconómico del Perú del siglo XXI, se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Una resistencia con fecha de vencimiento
La gran pregunta que sobrevuela el análisis es si esta resiliencia macroeconómica puede sostenerse indefinidamente. Los fundamentales que protegen a la economía peruana —reservas internacionales superiores a los 70 mil millones de dólares, baja deuda pública, banco central independiente— son stocks acumulados que se erosionan si no se renuevan con buena gobernanza.
La crisis política permanente ha generado un Congreso fragmentado que aprueba legislación populista con creciente frecuencia, desde exoneraciones tributarias sin sustento técnico hasta reformas del sistema de pensiones que comprometen la sostenibilidad fiscal futura. Cada ley aprobada sin rigor técnico representa una grieta adicional en el edificio institucional.
Perú demuestra que una buena arquitectura económica puede absorber enormes shocks políticos, pero también ilustra que ningún blindaje técnico es eterno si el deterioro institucional se convierte en norma. La economía resiste, sí, pero cada vez con menos margen.
