En medio de la convulsión generada por el anuncio de una nueva política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump, el Perú ha salido a fijar una posición que busca transmitir calma: los productos peruanos exportados bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral vigente desde 2009 no serían alcanzados por las nuevas medidas proteccionistas estadounidenses. La declaración, sin embargo, abre interrogantes sobre la solidez jurídica de esa protección y sobre los efectos indirectos que una guerra comercial global podría tener en la economía peruana.
El TLC Perú-Estados Unidos como escudo arancelario
El Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, más conocido como TLC, entró en vigor el 1 de febrero de 2009 tras años de negociaciones que comenzaron durante el gobierno de Alejandro Toledo. Desde entonces, ha sido el marco jurídico que regula el intercambio bilateral, eliminando aranceles para la gran mayoría de productos comercializados entre ambos países.
Bajo este instrumento, las exportaciones peruanas —que incluyen productos agrícolas como espárragos, arándanos, uvas y paltas, así como minerales y textiles— ingresan al mercado estadounidense con preferencias arancelarias que, en muchos casos, significan arancel cero. Estados Unidos es el principal socio comercial del Perú y el destino de aproximadamente un cuarto de sus exportaciones totales.
La posición del gobierno peruano se sustenta en un principio del derecho comercial internacional: los tratados bilaterales tienen fuerza vinculante y sus disposiciones prevalecen sobre medidas unilaterales de política comercial. En teoría, un TLC vigente no puede ser desconocido por una decisión ejecutiva sin pasar por un proceso formal de denuncia o renegociación del acuerdo.
La política arancelaria de Trump y sus alcances globales
El 2 de abril, la administración Trump anunció lo que ha descrito como una reestructuración profunda de la política arancelaria de Estados Unidos, orientada a corregir lo que considera desequilibrios comerciales históricos. Las medidas incluyen la imposición de aranceles generalizados a importaciones de diversos países, en una estrategia que ha sido calificada por analistas internacionales como la más agresiva en materia proteccionista desde la era Smoot-Hawley de la década de 1930.
El anuncio ha generado turbulencia en los mercados financieros globales y respuestas de rechazo o preocupación por parte de múltiples gobiernos. China, la Unión Europea y diversas economías emergentes han evaluado medidas de represalia o han solicitado aclaraciones sobre el alcance de las nuevas tarifas.
En ese contexto, la pregunta central para el Perú no es solamente si el TLC lo protege formalmente, sino qué tan dispuesta está la administración Trump a respetar los compromisos comerciales preexistentes. La historia reciente ofrece señales mixtas: durante su primer mandato (2017-2021), Trump renegoció el TLCAN con México y Canadá —rebautizado como T-MEC—, impuso aranceles al acero y aluminio incluso a aliados comerciales y utilizó mecanismos de presión que pusieron a prueba los límites de los acuerdos existentes.
Vulnerabilidades más allá del marco jurídico
Incluso si el TLC bilateral protege directamente a las exportaciones peruanas de nuevos aranceles, la economía del Perú no está inmune a los efectos colaterales de una guerra comercial ampliada. Una desaceleración de la economía global —particularmente de China, el otro gran socio comercial del Perú— podría reducir la demanda y los precios de las materias primas, especialmente del cobre, que representa una porción significativa de los ingresos por exportaciones.
Además, la incertidumbre global tiende a fortalecer al dólar como moneda refugio, lo que puede generar presiones sobre el tipo de cambio en economías emergentes como la peruana. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha mantenido una política de intervención cambiaria activa, pero un escenario de volatilidad prolongada pondría a prueba sus herramientas.
La protección formal del TLC no elimina la exposición del Perú a los efectos sistémicos de un reordenamiento del comercio global impulsado por políticas proteccionistas.
También existe el riesgo de que productos peruanos que no están cubiertos por el TLC —o aquellos que ingresan a cadenas de valor que involucran a terceros países afectados por los aranceles— experimenten disrupciones logísticas o comerciales indirectas.
El desafío diplomático y la necesidad de diversificación
La respuesta del gobierno peruano, centrada en invocar la vigencia del TLC, es prudente pero podría resultar insuficiente si el escenario se complejiza. La diplomacia comercial peruana enfrenta el reto de mantener canales abiertos con Washington en un momento en que la administración Trump parece privilegiar la bilateralidad transaccional por encima del multilateralismo.
Al mismo tiempo, esta coyuntura reaviva un debate recurrente en la política económica peruana: la necesidad de diversificar mercados y reducir la dependencia de pocos socios comerciales. Perú cuenta con una red de más de 20 tratados de libre comercio vigentes, pero la concentración de sus exportaciones en Estados Unidos y China sigue siendo elevada.
En el corto plazo, la confianza del Perú en su TLC puede estar justificada. Pero en un mundo donde las reglas del comercio internacional están siendo reescritas con rapidez, la solidez de un acuerdo firmado hace más de quince años dependerá no solo de su letra, sino de la voluntad política de quienes lo suscribieron.
