La historia política peruana sumó un nuevo capítulo a su ya extensa crónica de inestabilidad presidencial. El Congreso de la República votó la destitución del presidente interino José Jerí, desatando una ola de incertidumbre institucional a pocas semanas de las elecciones presidenciales previstas para abril. El episodio, lejos de ser una anomalía, se inscribe en un patrón recurrente que ha convertido al Perú en el país con mayor rotación presidencial de América Latina en el siglo XXI.
Un patrón de inestabilidad que no cesa
Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es necesario situar esta destitución en el contexto más amplio de la crisis política peruana. Desde 2016, el país ha tenido más de media docena de presidentes, entre titulares, interinos y transitorios. Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 bajo amenaza de vacancia. Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso en noviembre de 2020. Manuel Merino duró apenas cinco días tras una represión policial que dejó muertos en las calles de Lima. Francisco Sagasti asumió como presidente de transición. Pedro Castillo fue vacado en diciembre de 2022 tras su fallido autogolpe. Dina Boluarte, quien lo sucedió, enfrentó protestas masivas que dejaron decenas de muertos en el sur del país.
La destitución de Jerí no es, por lo tanto, un hecho aislado sino la manifestación más reciente de un sistema político profundamente disfuncional, donde el mecanismo de vacancia presidencial se ha convertido en una herramienta de uso casi rutinario por parte del Legislativo.
Las razones detrás de la destitución de Jerí
José Jerí llegó a la presidencia interina en un contexto de vacío de poder, tras la salida de su predecesora en circunstancias igualmente turbulentas. Su permanencia en el cargo fue breve y estuvo marcada por la desconfianza de múltiples bancadas congresales que cuestionaron tanto su legitimidad como su capacidad para conducir el país hacia las elecciones de abril.
El voto del Congreso para removerlo respondió a una combinación de factores: acusaciones de incapacidad moral —la fórmula constitucional que el Legislativo ha utilizado repetidamente para destituir mandatarios—, disputas entre facciones parlamentarias por el control del Ejecutivo y la percepción de que su gestión no garantizaba condiciones adecuadas para un proceso electoral limpio.
Lo que resulta particularmente preocupante es que esta destitución ocurre en un momento crítico del calendario democrático. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y la ausencia de un liderazgo ejecutivo estable genera interrogantes legítimos sobre quién supervisará la organización de los comicios y con qué autoridad lo hará.
El mecanismo de la vacancia: ¿herramienta democrática o arma política?
La Constitución peruana de 1993 otorga al Congreso la facultad de declarar la vacancia presidencial por "permanente incapacidad moral", una figura jurídica cuya ambigüedad ha sido ampliamente criticada por constitucionalistas. A diferencia del impeachment estadounidense, que requiere la demostración de delitos específicos, la incapacidad moral peruana carece de una definición precisa, lo que permite su uso discrecional.
El problema estructural del sistema peruano radica en que un Congreso fragmentado y con bajísimos niveles de aprobación ciudadana tiene el poder unilateral de remover presidentes sin contrapesos institucionales efectivos.
Diversos analistas han señalado que esta dinámica ha generado un desequilibrio de poderes que favorece desproporcionadamente al Legislativo. El Congreso actual, elegido en 2021, ha mantenido niveles de aprobación que oscilan entre el 5% y el 10% según diversas encuestadoras, y sin embargo ha ejercido un poder determinante sobre la continuidad del Ejecutivo.
¿Qué viene ahora para el Perú?
Tras la destitución de Jerí, la línea de sucesión constitucional determina quién asumirá el poder de manera interina. La pregunta central no es solo quién ocupará el sillón presidencial, sino si esa persona tendrá la estabilidad suficiente para garantizar que las elecciones de abril se celebren en condiciones de normalidad institucional.
El proceso electoral enfrenta desafíos enormes. Los organismos electorales —el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el RENIEC— requieren un entorno de gobernabilidad mínima para operar con eficacia. La constante rotación en el Ejecutivo genera vacíos en la toma de decisiones logísticas, presupuestarias y de seguridad que son fundamentales para unos comicios transparentes.
Desde la comunidad internacional, organismos como la OEA y la Unión Europea han expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la fragilidad democrática peruana. La pregunta que se plantea ahora es si las elecciones de abril podrán producir un gobierno con la legitimidad y la fortaleza necesarias para romper el ciclo de inestabilidad, o si el próximo presidente electo enfrentará el mismo destino que sus antecesores.
Una crisis que trasciende los nombres propios
El problema del Perú no es quién ocupa la presidencia, sino las reglas del juego que hacen insostenible la permanencia de cualquier mandatario. La fragmentación del sistema de partidos —con un Congreso compuesto por más de diez bancadas sin cohesión programática—, la debilidad de las instituciones de control, la corrupción sistémica y la desconexión entre la clase política y la ciudadanía configuran un escenario donde la gobernabilidad es la excepción, no la norma.
Mientras el Perú se prepara para acudir nuevamente a las urnas, la esperanza de millones de peruanos es que esta vez el resultado electoral produzca algo que ha sido esquivo durante casi una década: un gobierno que pueda completar su mandato. La historia reciente, sin embargo, sugiere que sin reformas estructurales profundas al sistema político, el ciclo de inestabilidad seguirá repitiéndose con devastadora regularidad.
