En una decisión que evoca los días más restrictivos de la pandemia por COVID-19, el gobierno peruano ha ordenado el retorno inmediato a las clases virtuales y la implementación obligatoria del teletrabajo en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La medida responde a una crisis energética que ha puesto en evidencia las fragilidades estructurales del sistema eléctrico nacional y la falta de inversión sostenida en infraestructura durante las últimas décadas.
La decisión, de carácter extraordinario, busca reducir drásticamente el consumo eléctrico en las horas punta dentro de la zona metropolitana que concentra aproximadamente un tercio de la población del país —cerca de 11 millones de habitantes— y donde se genera la mayor demanda energética a nivel nacional.
Las raíces de una crisis anunciada
La crisis energética que atraviesa el Perú no es producto de un evento súbito, sino la consecuencia acumulada de múltiples factores que expertos del sector venían advirtiendo. El sistema eléctrico peruano depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, que representa aproximadamente el 55% de la matriz energética del país. Las sequías prolongadas, agravadas por fenómenos climáticos como El Niño, han reducido significativamente los niveles de los embalses que alimentan las centrales hidroeléctricas.
A este factor climático se suma un déficit crónico de inversión en nueva capacidad de generación. Mientras la demanda eléctrica ha crecido de manera sostenida en los últimos años —impulsada por el crecimiento urbano y la expansión de actividades económicas—, la oferta no ha seguido el mismo ritmo. Proyectos de generación térmica y de energías renovables que debieron entrar en operación han enfrentado retrasos burocráticos, disputas contractuales y falta de financiamiento.
La situación se ha vuelto particularmente crítica en las últimas semanas, con apagones intermitentes reportados en diversas zonas de Lima y otras regiones del país, generando malestar ciudadano y pérdidas económicas para el sector productivo.
Clases virtuales y teletrabajo: medidas de emergencia con efectos colaterales
El retorno a las clases remotas afecta a millones de estudiantes de educación básica y superior en Lima y Callao. Para muchas familias, esta medida revive las dificultades experimentadas durante la pandemia: la brecha digital sigue siendo un problema estructural en el Perú, donde no todos los hogares cuentan con acceso estable a internet ni con dispositivos adecuados para la educación virtual.
La decisión de volver a las clases virtuales plantea interrogantes profundos sobre la capacidad del Estado peruano para garantizar simultáneamente dos derechos fundamentales: el acceso a la educación y el suministro de servicios básicos como la electricidad.
En cuanto al teletrabajo obligatorio, la medida aplica tanto al sector público como al privado en las actividades donde sea factible su implementación. Si bien las empresas del sector servicios y tecnología pueden adaptarse con relativa facilidad, sectores como manufactura, construcción y comercio minorista enfrentan limitaciones evidentes. La Cámara de Comercio de Lima ha expresado preocupación por el impacto económico de estas restricciones, estimando que cada día de paralización parcial puede representar pérdidas significativas para la economía metropolitana.
Paradójicamente, el traslado masivo de actividades al entorno digital también genera un incremento en el consumo eléctrico residencial, aunque las autoridades calculan que la reducción del consumo en edificios institucionales, centros educativos y el sistema de transporte compensará con creces este aumento.
El contexto político y la gestión de la crisis
La crisis energética se produce en un momento de particular fragilidad institucional para el Perú. El país ha atravesado años de inestabilidad política, con múltiples cambios de gobierno y un Congreso frecuentemente enfrentado con el Ejecutivo. Esta fragmentación del poder ha dificultado la aprobación de reformas estructurales en el sector energético y la implementación de políticas de largo plazo.
Organizaciones de la sociedad civil y analistas del sector energético han señalado que las advertencias sobre un posible déficit de generación eléctrica se remontan al menos a 2022, cuando informes técnicos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) ya proyectaban escenarios de riesgo para los años siguientes. La falta de acción preventiva por parte de sucesivos gobiernos ha convertido una situación manejable en una emergencia.
Perspectivas y desafíos a mediano plazo
Las medidas adoptadas son, por naturaleza, paliativas. La solución de fondo requiere una estrategia integral que incluya la diversificación de la matriz energética, la aceleración de proyectos de generación renovable —especialmente solar y eólica, recursos abundantes en el territorio peruano—, y la modernización de las redes de transmisión y distribución.
El Perú cuenta con un potencial significativo en energía solar en su costa sur y altiplano, así como en energía eólica en zonas costeras. Sin embargo, la participación de estas fuentes en la matriz energética sigue siendo marginal comparada con la de países vecinos como Chile, que ha experimentado una transformación acelerada de su sector eléctrico en la última década.
La crisis actual podría convertirse en el catalizador que el Perú necesita para repensar su modelo energético, siempre que la urgencia del momento no desplace la planificación estratégica de largo plazo.
Mientras tanto, millones de limeños y chalacos se preparan para una rutina que creían superada: encender computadoras en casa, conectarse a plataformas virtuales y adaptar sus jornadas laborales y educativas a un formato remoto. Solo que esta vez, la amenaza no es un virus, sino la incapacidad del sistema eléctrico para sostener la vida cotidiana de la capital peruana.
