La renuncia de la primera ministra Denisse Miralles, confirmada por el despacho presidencial el martes 17 de marzo, constituye un nuevo episodio de inestabilidad institucional en un gobierno que ha agotado sucesivos gabinetes ministeriales desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022. La salida se produce a menos de un mes de las elecciones generales programadas para el 12 de abril, un contexto que convierte cualquier movimiento en el Ejecutivo en un asunto de alta sensibilidad política.
El sistema político peruano otorga al presidente del Consejo de Ministros —conocido coloquialmente como premier o primera ministra— un rol de coordinación y articulación del gabinete que, aunque formalmente subordinado a la presidencia de la República, posee un peso simbólico considerable. Cada cambio en este cargo ha sido históricamente interpretado como un indicador de crisis, reconfiguración de alianzas o pérdida de gobernabilidad.
Un gobierno marcado por la rotación ministerial permanente
Desde que Boluarte llegó al poder tras la destitución y posterior detención de Pedro Castillo, el Perú ha experimentado una rotación de primeros ministros sin precedentes en un período tan corto. La inestabilidad en la jefatura del gabinete no es un fenómeno nuevo en la política peruana —el país ha tenido más de 80 presidentes del Consejo de Ministros desde el retorno a la democracia en 2001—, pero la velocidad de los cambios durante la actual administración ha intensificado la percepción de un gobierno reactivo y sin rumbo estratégico claro.
Denisse Miralles había asumido el cargo en un contexto ya frágil, con índices de aprobación presidencial que se encuentran entre los más bajos registrados para un mandatario peruano. Las encuestas de diversas casas encuestadoras han situado consistentemente la aprobación de Boluarte por debajo del 10%, un dato que refleja un descontento ciudadano profundo y transversal.
La renuncia, aunque no se han detallado públicamente las razones específicas, se inscribe en un patrón donde los jefes de gabinete terminan siendo fusibles políticos: absorben el desgaste de la gestión y son reemplazados cuando la presión se vuelve insostenible, sin que ello altere sustancialmente la dirección del gobierno.
El contexto electoral: elecciones generales del 12 de abril
Lo que distingue esta renuncia de las anteriores es su proximidad a las elecciones generales. El 12 de abril, los peruanos acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso, en unos comicios que representan la oportunidad de cerrar un ciclo de crisis política que se remonta, al menos, al primer gobierno de Martín Vizcarra y se agudizó dramáticamente con Pedro Castillo.
Bajo el ordenamiento constitucional peruano, el primer ministro desempeña funciones clave en la coordinación de políticas públicas y en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una vacancia en el cargo durante el período preelectoral plantea preguntas legítimas sobre la capacidad del gobierno para garantizar las condiciones institucionales necesarias para un proceso electoral transparente y ordenado.
No obstante, cabe señalar que la organización operativa de las elecciones recae en organismos autónomos —la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)—, lo que en principio aísla el proceso comicial de las turbulencias del Ejecutivo. Sin embargo, la imagen de desorden gubernamental no contribuye a la confianza ciudadana en las instituciones.
Las implicancias más amplias: fragilidad institucional crónica
La renuncia de Miralles no puede analizarse de manera aislada. El Perú atraviesa una crisis de representación política que se ha manifestado en la fragmentación del Congreso, la ausencia de partidos políticos consolidados y la desconfianza generalizada hacia la clase dirigente. Las elecciones de abril se celebrarán con un electorado escéptico que ha visto desfilar seis presidentes en los últimos ocho años.
Desde una perspectiva analítica, la rotación constante de primeros ministros revela un problema estructural más profundo que las personalidades individuales que ocupan el cargo. Se trata de un sistema donde el Ejecutivo carece de base parlamentaria propia, donde las alianzas son transaccionales y efímeras, y donde la gobernabilidad depende de equilibrios precarios que se rompen con facilidad.
La crisis peruana no es solo un problema de liderazgo individual, sino de un diseño institucional que incentiva la fragmentación y dificulta la construcción de mayorías estables de gobierno.
En este escenario, quien resulte elegido el 12 de abril heredará no solo los desafíos económicos y de seguridad que enfrenta el país —desde la expansión del crimen organizado hasta la desaceleración del crecimiento—, sino también un aparato estatal debilitado por años de inestabilidad y una ciudadanía que ha perdido la confianza en que el sistema político pueda ofrecer soluciones reales a sus problemas cotidianos.
¿Qué sigue para el gobierno de Boluarte?
La designación de un nuevo primer ministro será observada con atención, aunque con escepticismo. A menos de un mes del fin efectivo de su mandato —la transición de gobierno está prevista para julio de 2026, pero las elecciones marcan el inicio del ocaso político de la actual administración—, cualquier nombramiento tendrá un carácter interino y de gestión más que de impulso político.
Lo que está en juego no es tanto quién ocupe el cargo de premier durante las próximas semanas, sino si el proceso electoral de abril logrará producir un gobierno con la legitimidad y la capacidad suficientes para romper el ciclo de inestabilidad que ha definido la política peruana reciente. La renuncia de Miralles es, en última instancia, un síntoma más de una enfermedad institucional que las urnas, por sí solas, difícilmente podrán curar.
