La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú vuelve a quedar vacante. Denisse Miralles, quien asumió como primera ministra hace apenas tres semanas, presentó su renuncia el martes, según confirmó el despacho presidencial. La salida se produce en un contexto de fragilidad institucional que ha convertido la rotación ministerial en una constante del gobierno de Dina Boluarte.
El hecho de que una jefa del Gabinete Ministerial abandone el cargo en un período tan breve no es, lamentablemente, una anomalía en la política peruana contemporánea. Es, más bien, un síntoma recurrente de un sistema político que parece incapaz de generar estabilidad en el Poder Ejecutivo.
Un nombramiento efímero en un gobierno de alta rotación
Denisse Miralles había sido designada como presidenta del Consejo de Ministros a inicios de este mes, en un movimiento que el gobierno presentó como parte de un esfuerzo por renovar la gestión gubernamental. Sin embargo, su permanencia no alcanzó siquiera el mes de ejercicio, sumándose a una larga lista de primeros ministros que han pasado fugazmente por el cargo durante la administración Boluarte.
Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución y arresto de Pedro Castillo por su fallido intento de disolver el Congreso, el Perú ha experimentado una rotación de jefes de Gabinete sin precedentes en su historia reciente. La inestabilidad no se limita a la PCM: prácticamente todos los ministerios han sufrido cambios constantes de titulares.
Las razones específicas detrás de la renuncia de Miralles no han sido detalladas oficialmente al momento de la confirmación. Sin embargo, analistas políticos señalan que la dinámica entre el Ejecutivo, un Congreso fragmentado y las presiones de diversos grupos de interés hacen extraordinariamente difícil la permanencia de cualquier figura en la jefatura del Gabinete.
La crisis estructural de la gobernabilidad peruana
Para comprender la renuncia de Miralles es necesario mirar más allá del episodio individual y examinar el patrón sistémico. El Perú ha tenido más de una decena de primeros ministros desde 2020, un dato que ilustra la profundidad de la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.
La Constitución peruana otorga al presidente del Consejo de Ministros un rol crucial como coordinador de la política gubernamental y vocero del Ejecutivo ante el Congreso. No obstante, en la práctica, el cargo se ha convertido en una posición de altísimo desgaste político, sujeta a las tensiones entre un Ejecutivo debilitado y un Legislativo que utiliza sus facultades de interpelación y censura como herramientas de presión constante.
La rotación permanente en la Presidencia del Consejo de Ministros no es solo un problema administrativo: erosiona la capacidad del Estado para diseñar y ejecutar políticas públicas de mediano y largo plazo, afectando directamente a la ciudadanía.
El gobierno de Boluarte opera con niveles de aprobación históricamente bajos. Diversas encuestadoras han registrado que la aprobación presidencial se mantiene por debajo del 10%, una cifra que refleja el profundo descontento ciudadano tanto con el Ejecutivo como con el Congreso. En este escenario, encontrar figuras dispuestas a asumir roles de alta exposición política y con capacidad de articulación se vuelve una tarea cada vez más compleja.
Las consecuencias para la gestión pública y la economía
La inestabilidad en la conducción del Gabinete tiene efectos concretos que trascienden el ámbito político. Cada cambio de primer ministro implica, potencialmente, una reconfiguración parcial o total del equipo ministerial, lo que paraliza procesos de toma de decisiones, retrasa la implementación de políticas públicas y genera incertidumbre en los mercados.
El Perú enfrenta desafíos urgentes que requieren continuidad en la gestión: la inseguridad ciudadana ha escalado significativamente en los últimos años, con el crimen organizado expandiendo su presencia en diversas regiones del país. La economía, si bien ha mostrado señales de recuperación tras los efectos de la pandemia y la inestabilidad política, necesita reformas estructurales que difícilmente pueden diseñarse cuando el liderazgo gubernamental cambia cada pocas semanas.
Además, la inversión pública —motor fundamental del desarrollo en un país con enormes brechas de infraestructura— se ve directamente afectada por la falta de continuidad en los equipos técnicos ministeriales. Los proyectos de infraestructura, los programas sociales y las reformas sectoriales quedan en estado de suspensión cada vez que se produce un cambio en la PCM.
¿Qué viene después de Miralles?
La pregunta inmediata es quién asumirá la conducción del Gabinete y bajo qué condiciones. El gobierno de Boluarte deberá designar un nuevo primer ministro que, a su vez, deberá obtener el voto de confianza del Congreso, un trámite que añade otra capa de complejidad política al proceso de transición.
Lo que parece claro es que la renuncia de Miralles no será la última crisis de este tipo mientras persistan las condiciones estructurales que alimentan la inestabilidad: un sistema de partidos prácticamente inexistente, un diseño institucional que incentiva el conflicto entre poderes del Estado y una clase política fragmentada que prioriza la negociación de corto plazo sobre la construcción de acuerdos de gobernabilidad.
El Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026, y la capacidad del actual gobierno para mantener un mínimo de estabilidad institucional hasta entonces es, cada vez más, una incógnita abierta. La salida de Denisse Miralles tras apenas tres semanas es un recordatorio más de que la crisis política peruana está lejos de resolverse.
