En un contexto donde la economía peruana intenta consolidar su recuperación tras años de turbulencia institucional, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha emitido una advertencia que merece análisis detenido: el denominado "ruido político" constituye uno de los factores de riesgo más relevantes para la evolución de la demanda interna. La señal no es nueva, pero su reiteración desde la máxima autoridad monetaria del país subraya la gravedad de un problema que trasciende las coyunturas partidarias.
El diagnóstico del BCRP: incertidumbre como freno estructural
El BCRP ha identificado la incertidumbre política interna como una variable persistente que condiciona las decisiones de inversión y consumo en el Perú. No se trata de una mención tangencial: el ente emisor sitúa este factor entre los principales riesgos para las proyecciones de crecimiento económico, junto con elementos externos como la desaceleración de la economía china o las tensiones comerciales globales.
La lógica económica detrás de esta advertencia es bien conocida en la literatura académica. Cuando los agentes económicos —empresas y hogares— perciben un entorno institucional inestable, tienden a postergar decisiones de gasto e inversión. Las empresas retrasan la ampliación de plantas, la contratación de personal y el lanzamiento de nuevos proyectos. Los consumidores, por su parte, adoptan posturas precautorias, reduciendo gastos no esenciales y priorizando el ahorro defensivo.
Este mecanismo de transmisión entre inestabilidad política y desempeño económico ha sido particularmente visible en el Perú desde 2016, cuando se inauguró un ciclo de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo que, con distintas intensidades, no ha cesado hasta la fecha.
La demanda interna como talón de Aquiles
La preocupación del BCRP se concentra específicamente en la demanda interna, componente fundamental del Producto Bruto Interno peruano. Esta variable agrupa la inversión privada, la inversión pública, el consumo privado y el consumo público. Cuando el ruido político se intensifica, los dos primeros componentes son los más vulnerables.
La inversión privada, que representa aproximadamente el 18% del PBI, es particularmente sensible a las señales del entorno institucional. Los grandes proyectos mineros, de infraestructura o agroindustriales requieren horizontes de planificación de mediano y largo plazo. Si el marco regulatorio se percibe como volátil, si las reglas del juego cambian con cada nueva composición del Congreso o cada nuevo ministro, el cálculo de rentabilidad se torna incierto y los capitales buscan destinos más previsibles.
El consumo privado, que constituye cerca del 65% del PBI, tampoco es inmune. Si bien responde a factores más inmediatos como el empleo y los ingresos, la confianza del consumidor —medida regularmente por encuestas como las de Apoyo Consultoría o el índice de expectativas del propio BCRP— se deteriora cuando el panorama político genera incertidumbre sobre el futuro.
Un problema recurrente que no encuentra solución
Lo verdaderamente preocupante de la advertencia del BCRP es su carácter recurrente. Informes de política monetaria de los últimos años han incluido, casi sin excepción, la incertidumbre política como factor de riesgo. Esto sugiere que no estamos ante un fenómeno coyuntural sino ante un problema estructural de la gobernabilidad peruana.
Desde 2016, el Perú ha tenido más de siete presidentes, múltiples disoluciones o intentos de disolución del Congreso, procesos de vacancia, una crisis constitucional en diciembre de 2022, y una rotación ministerial que supera cualquier estándar razonable de estabilidad institucional. Cada uno de estos episodios genera ondas de incertidumbre que se propagan hacia la economía real.
La persistencia de la incertidumbre política como factor de riesgo en los informes del BCRP refleja una anomalía institucional que el Perú no ha logrado resolver en casi una década de turbulencia política continua.
Las implicancias para la política monetaria y el crecimiento
La advertencia del BCRP no es meramente descriptiva; tiene implicancias directas para la conducción de la política económica. El banco central ha venido reduciendo su tasa de referencia para estimular la actividad económica, pero la efectividad de la política monetaria se ve limitada cuando la incertidumbre política actúa como un freno paralelo. De poco sirve abaratar el crédito si las empresas no están dispuestas a endeudarse para invertir en un entorno que perciben como riesgoso.
Este fenómeno, conocido en economía como "empujar una cuerda", ilustra los límites de la política monetaria cuando los problemas de fondo son de naturaleza institucional y política. El BCRP puede generar condiciones financieras favorables, pero no puede sustituir la estabilidad que debería provenir del funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas.
Las proyecciones de crecimiento del PBI para los próximos años, que oscilan entre el 2.5% y el 3.5% según distintas estimaciones, podrían verse comprometidas si el ruido político se intensifica en el contexto preelectoral que se aproxima con miras a 2026. Históricamente, los períodos previos a elecciones generales en el Perú tienden a generar mayor volatilidad en las expectativas de los agentes económicos.
Un llamado que trasciende lo técnico
La advertencia del BCRP, formulada desde el lenguaje sobrio y técnico que caracteriza a los bancos centrales, encierra en realidad un llamado profundamente político: la estabilidad institucional no es un lujo democrático, sino una condición necesaria para el desarrollo económico. Mientras el Perú no logre construir un mínimo de previsibilidad en su vida política, el costo se seguirá pagando en inversión postergada, empleos no creados y consumo reprimido.
El desafío, como siempre en el Perú contemporáneo, radica en que quienes tienen la capacidad de reducir ese ruido político —el Ejecutivo, el Congreso, los partidos— son precisamente quienes lo generan.
