El Congreso de la República evalúa un proyecto de ley que propone reducir drásticamente el plazo permitido para mantener concesiones mineras sin actividad productiva, pasando de los actuales períodos establecidos en la legislación vigente a la mitad del tiempo. La iniciativa, que busca combatir la especulación y el acaparamiento de derechos mineros, ha generado una reacción inmediata y contundente del sector minero formal, que advierte sobre consecuencias no deseadas para la inversión y la competitividad del país como destino de capitales extractivos.
La propuesta se inscribe en un contexto complejo: el Perú es el segundo productor mundial de cobre y uno de los principales productores de oro, plata y zinc, pero enfrenta simultáneamente una crisis de minería informal e ilegal que se extiende por múltiples regiones del país. La tensión entre promover la inversión formal y combatir la informalidad define los términos de un debate que trasciende lo técnico para adentrarse en lo político y lo social.
El diagnóstico detrás de la propuesta legislativa
El argumento central de los impulsores del proyecto radica en un problema estructural del sistema concesional peruano: miles de hectáreas otorgadas bajo el régimen de concesiones mineras permanecen sin actividad productiva durante años, mientras sus titulares se limitan a pagar las penalidades correspondientes sin desarrollar exploración ni explotación alguna. Este fenómeno, conocido como "concesiones ociosas", es visto por sectores del Congreso como un obstáculo para el aprovechamiento racional de los recursos minerales del país.
Desde la perspectiva legislativa, la acumulación de concesiones sin actividad constituye una forma de especulación que bloquea el acceso a territorios potencialmente productivos. Los promotores de la norma argumentan que, al reducir los plazos, se obligaría a los titulares a tomar decisiones más rápidas sobre la viabilidad de sus proyectos, liberando áreas que podrían ser aprovechadas por operadores genuinamente interesados en la producción.
Este razonamiento no es exclusivo del Perú. Otros países mineros de América Latina, como Chile y Colombia, han implementado mecanismos para desincentivar la tenencia especulativa de derechos mineros, aunque con enfoques y resultados diversos.
La advertencia del sector minero formal
La industria minera organizada ha respondido con firmeza a la propuesta, calificándola como un golpe a la seguridad jurídica y a la previsibilidad que requiere un sector caracterizado por ciclos largos de inversión. Los gremios del sector señalan que los proyectos mineros, particularmente los de gran escala, demandan períodos extensos de exploración, estudios de factibilidad, obtención de permisos ambientales y negociaciones con comunidades antes de alcanzar la fase productiva.
Reducir arbitrariamente los plazos de tenencia equivale a desconocer la naturaleza misma del negocio minero, donde entre el descubrimiento de un yacimiento y el inicio de la producción pueden transcurrir entre diez y quince años, según representantes del sector.
El temor principal expresado por las empresas formales es que la medida genere un efecto paradójico: en lugar de promover mayor actividad, desincentive la exploración de largo plazo —la fase más riesgosa y costosa del ciclo minero— y termine beneficiando a operadores informales que ocupan de facto terrenos devueltos al Estado ante la imposibilidad de los titulares formales de cumplir con plazos acortados.
La minería informal, que según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas involucra a cientos de miles de personas en regiones como Madre de Dios, Puno y Arequipa, opera frecuentemente en áreas donde las concesiones formales han caducado o donde el control estatal es débil. Un acortamiento de plazos, argumenta la industria, ampliaría esos espacios de vulnerabilidad.
El contexto de la inversión minera en el Perú
La discusión no ocurre en el vacío. El Perú ha experimentado una desaceleración significativa en la cartera de proyectos mineros en desarrollo. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la inversión en exploración minera ha mostrado fluctuaciones importantes en los últimos años, afectada por la conflictividad social, la complejidad regulatoria y la incertidumbre política que ha caracterizado al país desde 2016.
Proyectos emblemáticos como Tía María en Arequipa han enfrentado décadas de controversia antes de obtener viabilidad, ilustrando precisamente los largos plazos que el sector defiende como necesarios. Una legislación que penalice la inactividad sin considerar estos factores externos —oposición comunitaria, demoras burocráticas, volatilidad de precios internacionales— podría resultar contraproducente.
Al mismo tiempo, el Perú compite por capitales de inversión con países como Chile, Australia, Canadá y, crecientemente, naciones africanas que han flexibilizado sus marcos regulatorios para atraer empresas mineras globales. Cualquier señal de inestabilidad normativa tiene el potencial de redirigir flujos de inversión hacia jurisdicciones percibidas como más predecibles.
Un equilibrio difícil de alcanzar
El dilema de fondo es genuino y no admite soluciones simples. Por un lado, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos naturales sean aprovechados en beneficio de la nación y no acaparados con fines especulativos. Por otro, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria son precondiciones indispensables para atraer la inversión de largo plazo que el sector minero requiere.
Una vía intermedia podría incluir mecanismos diferenciados que distingan entre concesiones verdaderamente especulativas y aquellas cuya inactividad responde a factores ajenos a la voluntad del titular, como conflictos sociales o demoras administrativas. Algunos analistas sugieren también fortalecer los mecanismos de penalidad económica progresiva, en lugar de acortar plazos de manera uniforme.
Lo que resulta claro es que cualquier reforma al régimen concesional minero peruano debe construirse sobre un diagnóstico riguroso y un diálogo genuino entre todos los actores involucrados. De lo contrario, el remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad.
