En los primeros cinco meses del año 2026, el Perú ha sido testigo de tres asesinatos selectivos contra autoridades locales: Edward Amoroto (Los Aquijes, Ica), Iroshi Ureta Campos (Coviriali, Satipo) y Víctor Hugo Febre Calle (Veintiséis de Octubre, Piura). Estos hechos violentos no solo representan una tragedia humana, sino que evidencian una estrategia del crimen organizado para debilitar la capacidad estatal en los territorios. El gobierno entrante bajo el liderazgo de Keiko Fujimori enfrenta el reto inmediato de abordar esta problemática de inseguridad ciudadana que ataca directamente a las estructuras de gobernanza local.
La lógica económica detrás del crimen
Víctor Hugo Febre Calle, alcalde de Veintiséis de Octubre, fue asesinado el 21 de mayo mientras se desplazaba en una camioneta. Su madre, Paz Calle, expresó su dolor y la frustración ante la impunidad inicial, señalando que su hijo recibía amenazas vinculadas a la negativa del municipio para otorgar permisos de obras públicas. Walter Galecio González, representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, confirmó esta conexión entre las decisiones municipales y el ataque criminal.
Según José Villaorduña, criminólogo especializado en seguridad ciudadana, estos atentados buscan demostrar el poder de las organizaciones criminales al apuntar a quienes toman decisiones sobre fiscalización, zonificación y licencias. "El tema sí es mucho más delicado porque ya tenemos un crimen organizado que no solamente comete delitos, sino que busca gobernar", explicó Villaorduña. La tensa relación entre los poderes del Estado ha sido aprovechada por estas estructuras para debilitar la capacidad de protección territorial.
Desafíos institucionales y políticos
A pesar de las detenciones en el caso Febre, incluyendo a una regidora, las investigaciones sobre los casos de Amoroto y Ureta continúan con pocos detenidos. Walter Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Distritales de Piura, señaló que las autoridades se sienten desprotegidas ante intereses políticos y económicos ocultos.
Para Carlos Basombrío, exministro del Interior, el gobierno entrante debe abandonar las declaratorias de estados de emergencia —ya aplicadas en Lima, La Libertad y partes de Piura e Ica— por considerarlas fracasadas. En su lugar, recomienda fortalecer los equipos de investigación e inteligencia y derogar leyes que benefician al fuero militar policial para una lucha más contundente contra la criminalidad.
Contexto histórico electoral
La violencia contra autoridades no es un fenómeno nuevo; en los últimos quince años se han registrado diez asesinatos de alcaldes, como el caso de Alejandro Montalbán (Casma) o Manuel Vigo Muñoz (Asunción). Mientras tanto, la población espera resultados tangibles del nuevo gobierno. Franco Olcese, politólogo y socio del centro Wiñaq, señaló que Keiko Fujimori necesita gestos políticos claros en los primeros meses para obtener respaldo popular.
El próximo 4 de octubre se elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 distritales. El desafío no será solo gobernar, sino hacerlo en un contexto donde ejercer el cargo público puede costar la vida, requiriendo una redefinición profunda de las estrategias estatales contra el crimen organizado.
