La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un informe técnico que evidencia un presunto perjuicio económico al Estado por S/ 4,8 millones. Esta cifra surge tras las investigaciones sobre el proceso de pago y liquidación del contrato correspondiente a la obra de rehabilitación y mejoramiento del tramo Ciudad Constitución – Puerto Súngaro, ubicado en la carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro.
Detalles de la irregularidad fiscal
El documento elaborado por el órgano contralor señala que un grupo de funcionarios de Provías Nacional otorgó conformidad a siete valorizaciones mensuales. Estas mediciones corresponden al avance físico y financiero de las obras, pero se realizaron sin aplicar las penalidades contractuales que procedían según lo establecido en los pliegos.
Además del pago directo por concepto de obra ejecutada, la entidad fiscalizadora identificó irregularidades en el proceso de liquidación final del contrato. La ausencia de cobro de multas e intereses moratorios generó una brecha financiera que debe ser recuperada para restituir los fondos públicos.
La Contraloría determinó que las decisiones adoptadas por la gerencia regional no se ajustaron a la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado. La falta de exigibilidad de penalidades implica un beneficio indebido para el contratista y una pérdida neta para el erario nacional.
El rol de Provías Nacional
Provías (Programa Vial) es la entidad encargada de ejecutar las obras públicas en zonas rurales del país. Su misión consiste en mejorar la conectividad vial para facilitar el acceso a servicios básicos y mercados.
No obstante, los informes técnicos demuestran que la supervisión técnica no fue suficiente para detectar estas omisiones durante la ejecución. La conformidad de valorizaciones es un acto administrativo clave que libera recursos del Tesoro Público hacia las empresas constructoras.
En este caso específico, se trata del tramo comprendido entre Ciudad Constitución y Puerto Súngaro en el departamento de Huánuco. Esta infraestructura vial es vital para la economía local, ya que permite el transporte de productos agrícolas y la movilidad de ciudadanos.
Implicancias económicas y legales
El monto de 4,8 millones de soles representa un recurso significativo que podría destinarse a otras obras prioritarias. La recuperación de estos fondos es obligatoria para el Estado peruano bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
Los funcionarios responsables enfrentan procesos administrativos por responsabilidad funcional. De confirmarse las faltas, podrían enfrentar sanciones económicas y la inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado.
