La Contraloría General de la República (CGR) ha determinado que existió un perjuicio patrimonial al erario por S/4.8 millones en los procesos de fiscalización correspondientes a las obras realizadas por Provías Nacional. Esta cifra representa el monto total de penalidades económicas que debieron ser aplicadas pero cuya inaplicación fue evidenciada como una irregularidad grave.
Irregularidades técnicas y financieras
La entidad fiscalizadora identificó que un grupo de funcionarios de Provías dio conformidad a siete valorizaciones correspondientes a la obra de rehabilitación y mejoramiento del tramo Ciudad Constitución – Puerto Súngaro, ubicado en la carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro. Adicionalmente, se detectaron inconsistencias en el proceso de liquidación final del contrato respectivo.
El análisis detallado realizado por los auditores superiores reveló que las aprobaciones no cumplieron con los requisitos técnicos y contractuales establecidos. La falta de rigor en la supervisión técnica permitió que ciertos montos fueran pagados sin el debido respaldo documental, lo cual constituye una violación a las normas de ejecución presupuestal.
"La inaplicación de penalidades económicas por incumplimientos técnicos y administrativos genera un daño directo al patrimonio público. La fiscalización busca restituir estos recursos o establecer la responsabilidad correspondiente."
Mecanismo de determinación del perjuicio
El cálculo de los S/4.8 millones no se basa en una estimación arbitraria, sino que responde a la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que debió haberse pagado conforme al contrato y las normas técnicas vigentes. La CGR utiliza metodologías específicas para cuantificar este daño, considerando costos de materiales, mano de obra y márgenes de beneficio no justificados.
Este caso ilustra la importancia del control posterior en la gestión pública. Cuando los gestores públicos otorgan conformidades sin verificar rigurosamente el avance físico-financiero de las obras, se expone al Estado a pérdidas económicas evitables. La Contraloría actúa como contrapeso para asegurar que cada sol invertido cumpla con estándares de calidad y eficiencia.
Implicancias para la gestión vial
La intervención en las obras del tramo Ciudad Constitución – Puerto Súngaro resalta los desafíos estructurales que enfrenta Provías Nacional en la supervisión de sus proyectos. La carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro es una vía estratégica, y cualquier falla en su ejecución puede comprometer no solo el presupuesto, sino también la seguridad vial a largo plazo.
Las penalidades económicas son un mecanismo contractual diseñado para disuadir incumplimientos y compensar al Estado por retrasos o defectos. Su inaplicación regularizada debilita la cultura de cumplimiento en las contrataciones públicas. La decisión de la CGR busca reforzar este marco normativo, indicando que la fiscalización es rigurosa y que los errores técnicos tienen consecuencias financieras directas.
Para el ciudadano peruano, estos hallazgos son relevantes porque reflejan cómo se protege (o no) su dinero. Los recursos públicos para infraestructura vial provienen de impuestos generales; cualquier desvío o pérdida por negligencia administrativa reduce la capacidad del Estado para invertir en otras obras prioritarias.
La resolución finaliza con el requerimiento a las autoridades competientes para aplicar las penalidades correspondientes y, si fuera el caso, iniciar procesos administrativos que determinen responsabilidades disciplinarias contra los funcionarios involucrados. Este proceso asegura que la gestión pública se alinee estrictamente con la legalidad y la eficiencia económica.
