A menos de dos años de las elecciones presidenciales de 2026, el panorama político peruano se configura alrededor de un debate central: la continuidad del modelo económico establecido en la Constitución de 1993. Un reciente estudio de la consultora Macroconsult ha evaluado las propuestas de más de 30 candidatos presidenciales potenciales, revelando un espectro diverso de posiciones respecto al capítulo económico constitucional que ha regido al país durante las últimas tres décadas.
El marco constitucional en debate
El régimen económico peruano, consagrado en la Constitución de 1993, se estructura sobre pilares fundamentales: la economía social de mercado, la libre iniciativa privada, la subsidiariedad del Estado y la apertura al comercio internacional. Este modelo ha sido creditado con períodos de crecimiento económico sostenido, pero también ha enfrentado críticas por la persistencia de desigualdades estructurales y la concentración de la riqueza.
La evaluación de Macroconsult se centra particularmente en dos aspectos controvertidos: las privatizaciones de empresas públicas y el alcance de las regulaciones estatales en sectores estratégicos. Estas dimensiones reflejan tensiones profundas en la sociedad peruana sobre el rol del Estado en la economía, especialmente tras la pandemia del COVID-19, que reavivó debates sobre la capacidad estatal para responder a crisis sistémicas.
Espectro ideológico y propuestas económicas
Los resultados del análisis revelan una fragmentación significativa en el panorama político. Los candidatos que muestran mayor alineación con el modelo constitucional vigente provienen principalmente de sectores liberales y de centro-derecha, defendiendo la continuidad de políticas de libre mercado, la estabilidad jurídica para la inversión privada y la apertura comercial.
La evaluación distingue entre candidatos que proponen reformas graduales dentro del marco constitucional actual y aquellos que plantean transformaciones estructurales que requerirían modificaciones constitucionales.
En el extremo opuesto, se identifican propuestas que abogan por un mayor protagonismo estatal, incluyendo la reversión de algunas privatizaciones y el fortalecimiento de empresas públicas en sectores considerados estratégicos como energía, telecomunicaciones y recursos naturales. Estas posiciones reflejan corrientes de pensamiento que cuestionan la eficacia del modelo neoliberal para abordar problemas estructurales como la pobreza, la informalidad y la desigualdad regional.
Contexto político y económico
La discusión sobre el modelo económico se desarrolla en un contexto político marcado por la inestabilidad institucional. Los últimos años han evidenciado tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, crisis de gobernabilidad y cuestionamientos recurrentes al sistema político en su conjunto. Esta situación ha generado incertidumbre en los mercados y ha planteado interrogantes sobre la sostenibilidad política del modelo económico vigente.
La pandemia del COVID-19 constituyó un punto de inflexión en este debate. La necesidad de respuestas estatales masivas, incluyendo programas de transferencias directas y medidas de apoyo a sectores económicos afectados, revitalizó argumentos sobre la importancia de un Estado con mayor capacidad fiscal y operativa. Simultáneamente, la crisis expuso debilidades en sistemas públicos como salud y educación, alimentando críticas al modelo de provisión privada de servicios básicos.
Implicaciones para la estabilidad económica
La diversidad de propuestas económicas entre los candidatos presidenciales genera interrogantes sobre la estabilidad de las políticas macroeconómicas en el mediano plazo. Los mercados financieros y los inversionistas internacionales observan con atención las señales enviadas por los potenciales candidatos, particularmente en temas como la política fiscal, la regulación del sistema financiero y el tratamiento de la inversión extranjera.
Los sectores empresariales han expresado preocupación por propuestas que consideren retrocesos en la apertura económica o incrementos significativos en la carga tributaria. Por su parte, organizaciones sociales y sindicales han respaldado planteamientos que priorizan la redistribución del ingreso y el fortalecimiento de servicios públicos, incluso si esto implica modificaciones al marco constitucional actual.
Perspectivas electorales
El análisis de Macroconsult sugiere que las elecciones de 2026 podrían constituir un referéndum implícito sobre la continuidad del modelo económico constitucional. La capacidad de los candidatos para articular propuestas coherentes que aborden tanto la estabilidad macroeconómica como las demandas sociales acumuladas será determinante en la configuración del panorama electoral.
La fragmentación política evidenciada en el estudio refleja también la ausencia de consensos básicos sobre el futuro económico del país, planteando desafíos significativos para la gobernabilidad futura independientemente del resultado electoral.
