Un reciente análisis realizado por RPP ha revelado una práctica irregular que se está consolidando en las principales ciudades del Perú: uno de cada diez motorizados vinculados a aplicaciones de delivery están transportando pasajeros. Esta actividad, estrictamente prohibida bajo la normativa vigente, representa un riesgo significativo para la seguridad vial y la salud pública.
El estudio detectó que esta práctica no solo está en aumento, sino que también se estaría promoviendo activamente a través de redes sociales por parte de algunos conductores. La convergencia entre el transporte de personas y los servicios de repartidores crea un conflicto regulatorio directo con las políticas sanitarias establecidas.
El choque entre la normativa sanitaria y la realidad del mercado
La regulación peruana, impulsada por autoridades como MINSA y MTC durante la emergencia sanitaria, prohibió explícitamente el transporte de pasajeros en vehículos destinados al delivery. El objetivo era evitar la propagación de enfermedades infecciosas mediante el contacto cercano entre repartidores.
Sin embargo, los datos sugieren que esta barrera normativa ha sido permeable. Al permitir que un mismo vehículo y conductor realice ambas funciones, se anula el propósito sanitario original de las restricciones. Los motorizados utilizan la infraestructura digital creada para el reparto de productos para ofrecer servicios de traslado humano.
Esta dualidad operativa genera una zona gris en la fiscalización. Mientras las plataformas digitales están diseñadas y auditadas para garantizar la trazabilidad de alimentos e insumos, su uso para el transporte informal de personas escapa a los controles de seguridad vial estándar aplicados al transporte público formal.
Riesgos sanitarios y de seguridad en las calles
La traslación ilegal de pasajeros por parte de repartidores conlleva riesgos inherentes. Los vehículos de delivery no cuentan con los mismos estándares de mantenimiento ni seguros obligatorios que exigen las empresas de transporte de personas.
Además, la presión por cumplir con tiempos de entrega estrictos puede incentivar conductas de riesgo al volante. Sumado a esto, el hacinamiento en motocicletas y el uso compartido de espacios cerrados o semiabiertos para el manejo de productos alimenticios incrementan los potenciales focos de contagio, como publicó este diario en La realidad del trabajador peruano.
La promoción de estos servicios mediante redes sociales facilita la conexión entre oferta y demanda sin pasar por filtros de seguridad. Los usuarios, al buscar alternativas más económicas frente a las tarifas del transporte formal o tradicional, terminan utilizando vehículos no habilitados para el traslado humano.
Hacia una regulación estricta y separación de roles
La evidencia presentada por RPP subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización. Las autoridades competentes deben garantizar que las aplicaciones digitales cumplan su función específica sin derivar en servicios no autorizados.
Separar claramente el rol del repartidor del transportista es fundamental para mantener estándares sanitarios y de seguridad vial. La integración de estas funciones debilita la capacidad de respuesta ante emergencias y complica los procesos de aseguramiento en caso de accidentes.
Mientras se refuerza el control, tanto las plataformas como los conductores enfrentan la responsabilidad de operar dentro del marco legal establecido. El incumplimiento reiterado de estas normas podría derivar en sanciones más severas para garantizar el orden público y la protección sanitaria de la población.
