El pedido de facultades presentado por el Ejecutivo representa un cambio significativo en la estrategia fiscalizadora del Estado. La propuesta plantea una Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) que sea tanto preventiva como focalizada, alejándose de modelos puramente punitivos o reactivos.
Enfoque preventivo y perfiles de riesgo
El núcleo de esta iniciativa es la implementación de perfiles de cumplimiento. Este mecanismo permitiría a las autoridades priorizar inspecciones en empresas identificadas como de mayor riesgo laboral. Al categorizar a los empleadores según su historial y nivel de exposición a incumplimientos, el Estado podría optimizar sus recursos humanos y técnicos.
Esta metodología no solo busca sancionar la infracción una vez que ocurre, sino anticipar posibles vulneraciones mediante un monitoreo más inteligente. La idea subyacente es disuadir las malas prácticas antes de que se materialicen en sanciones severas o daños a los trabajadores.
Impulso a la formalización
Más allá de la fiscalización estricta, el documento sugiere que este enfoque abriría oportunidades para impulsar la formalización. Al tener un sistema más claro y predecible sobre qué empresas están siendo supervisadas bajo criterios de riesgo, se crea un entorno donde cumplir con las normas laborales resulta menos arbitrario, como publicó este diario en Gobierno propone Sunafil preventiva.
La focalización permite dirigir el apoyo técnico y legal hacia aquellas unidades económicas que necesitan regularizarse. En lugar de una inspección masiva indiscriminada, la Sunafil podría trabajar en conjunto con otras entidades para guiar a los empleadores hacia la conformidad normativa, reduciendo así la brecha entre la realidad informal y la exigencia legal.
